Fiscal Frank Almanza señala que mafias mineras buscan poder político y denuncia falta de recursos logísticos para combatir su avance en el país.
El fiscal superior Frank Almanza, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), alertó sobre la creciente posibilidad de que la minería ilegal financie candidaturas en las elecciones generales, regionales y municipales del 2026. “Todo aquel que tiene poder económico busca poder político. Así que no sería extraño que el dinero de la minería ilegal financie candidaturas”, afirmó.
La advertencia se suma a un creciente temor en sectores institucionales del país sobre la penetración de intereses ilegales en la política. De hecho, según una encuesta reciente de Ipsos, el 70 % de los peruanos considera que esta actividad minera informal financiará la próxima campaña electoral, y el 82 % cree que ya tiene influencia sobre el Congreso y gobiernos regionales.
Almanza remarcó que este tema debe formar parte del debate político rumbo a las próximas elecciones. “Ahora que se aproximan las elecciones, los candidatos deben proponer soluciones claras. Este problema no puede seguir siendo ignorado”, insistió.
La interdicción no basta
El fiscal también señaló que, si bien se realizan interdicciones para destruir maquinaria y frenar la actividad minera ilegal —como dragas, retroexcavadoras o sistemas de lavado—, estas acciones son insuficientes ante el alto poder económico de las mafias mineras. “Se destruyen diez máquinas por operativo, pero los ilegales las reemplazan rápidamente. La minería ilegal tiene poder adquisitivo y el alto precio del oro la sigue alimentando”, explicó.
Por ello, Almanza considera urgente pasar del decomiso de equipos a la identificación y desarticulación de las redes criminales detrás del negocio. “Solo se detiene a los peones. Hace falta inteligencia operativa para llegar a quienes lideran estas organizaciones”, puntualizó.
Críticas al Reinfo
Almanza también cuestionó severamente el uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al cual calificó como una “licencia para operar ilegalmente”. Según explicó, desde su creación en 2012, menos del 2 % de los inscritos ha logrado formalizarse. Actualmente existen más de 80,000 registros, de los cuales 60,000 están suspendidos, pero eso no impide que sigan operando. “La norma permite que con solo estar inscrito se exoneren de responsabilidad penal. Eso es inaceptable”, señaló.
El fiscal detalló que la disposición complementaria del Decreto Legislativo N.º 1351 permite que tener un número de Reinfo sea suficiente para quedar exento de delitos ambientales, situación que debilita la labor de las fiscalías.
Sin recursos para actuar
A pesar de la gravedad del problema, Almanza denunció la falta de presupuesto y herramientas básicas para enfrentar la minería ilegal. Detalló que las FEMA necesitan vehículos 4×4 para zonas andinas, deslizadores y chalupas para ríos amazónicos, además de equipos personales de protección, ropa especializada y equipos tecnológicos. “Este año no hemos recibido presupuesto para estas necesidades. Solo en Pataz se asignaron fondos tras la tragedia”, lamentó.
Finalmente, reiteró que la lucha contra la minería ilegal debe ser una prioridad nacional, no solo por su impacto ambiental, sino por los riesgos que representa para la institucionalidad democrática del país.