El consejero Robert de la Cruz reveló que Walter Zevallos, presidente del comité que adjudicó contratos por S/ 315 millones, es investigado en 13 procesos por corrupción, negociación incompatible y colusión. Se identificaron querellas también contra otros miembros.
Una nueva alerta se encendió en torno a la gestión de contrataciones del Gobierno Regional de La Libertad. Durante la última sesión ordinaria del Consejo Regional, el consejero Robert de la Cruz Rosas expuso una grave denuncia: los miembros del comité de selección responsable de las licitaciones más importantes del año enfrentan múltiples denuncias penales por presuntos actos de corrupción.
El caso más crítico corresponde a Walter Zevallos Apolitano, quien preside el comité de selección que adjudicó los megaproyectos del Hospital de Virú y el Ingreso Vial Norte a Trujillo, obras que en conjunto suman más de S/ 315 millones. Según documentos presentados por el consejero, Zevallos registra 13 procesos fiscales en el Ministerio Público por delitos como colusión, corrupción de funcionarios, negociación incompatible y otros actos contra la administración pública.
“No podemos permitir que personas con semejante historial estén al frente de procesos que comprometen cientos de millones de soles del erario. Esto pone en riesgo la transparencia y legalidad de todo el sistema de contratación pública en la región”, manifestó De la Cruz ante el Pleno.
Pero Zevallos no es el único. El también miembro del comité, Arturo Giles Mendoza, tendría al menos tres investigaciones fiscales vigentes por presuntos actos de corrupción. Estas revelaciones ponen en entredicho la legitimidad de los procesos licitatorios más ambiciosos promovidos por la actual gestión regional.
Proyectos en la mira
El comité de selección en cuestión fue el encargado de adjudicar la construcción del Hospital de Virú, cuyo presupuesto supera los S/ 150 millones, y la obra de mejoramiento vial de la ruta Huanchaco – Trujillo (Ingreso Vial Norte), que también supera los S/ 160 millones. Ambas fueron licitadas bajo un proceso que ya ha sido cuestionado por la participación de consorcios con presuntas irregularidades y por supuestos direccionamientos.
Si bien la administración regional ha defendido públicamente la transparencia de las licitaciones, estas nuevas revelaciones agravan las sospechas, más aún considerando que las bases de los concursos fueron elaboradas por un comité con integrantes cuestionados.
“No cuestionamos la obra, sino el procedimiento. No es ético ni legal que un funcionario con procesos por corrupción esté al frente de adjudicaciones multimillonarias”, señaló el consejero De la Cruz.
Llamado a la Contraloría y Fiscalía
Ante estos hechos, diversos sectores del Consejo Regional han exigido la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público. La idea es verificar si las licitaciones se llevaron a cabo dentro del marco legal, y si los miembros del comité omitieron declarar sus antecedentes judiciales o procesos abiertos.
La ciudadanía, en tanto, también ha comenzado a expresar su preocupación, exigiendo mayor fiscalización y transparencia en el uso de los recursos públicos. El caso se suma a una serie de cuestionamientos que ha venido recibiendo la gestión del gobernador César Acuña, aunque hasta ahora la autoridad no se ha pronunciado sobre esta situación en específico.
“No puede haber desarrollo si las grandes obras se entregan entre sombras y dudas. La transparencia no es opcional, es una obligación del Estado”, sentenció el consejero.