La congresista de Alianza para el Progreso asume un puesto clave en materia laboral pese a enfrentar acusaciones por recortes indebidos de sueldo a sus trabajadores, generando cuestionamientos sobre la legitimidad moral de su designación.
La congresista Magaly Ruiz, integrante de la bancada Alianza para el Progreso (APP), fue designada como miembro titular de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, a pesar de estar bajo investigación por el caso denominado “mochasueldo”. Este involucra presuntos recortes indebidos de salarios a trabajadores de su despacho, fondos que, según la información fiscal, habrían sido utilizados para gastos personales.
Testimonios de extrabajadores y declaraciones de un colaborador eficaz indican que los recortes podían ascender hasta S/3,000, realizados a través de intermediarios e incluso utilizando el vehículo de la parlamentaria. El caso ha suscitado fuertes críticas debido a la contradicción que implica que una persona señalada por vulnerar derechos laborales forme parte de una comisión encargada de defenderlos.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales mantiene en trámite el proceso contra Ruiz, sin avances significativos. Este escenario ha sido interpretado por analistas y ciudadanos como un reflejo de la lentitud investigativa y de la percepción de impunidad en el Parlamento.
La designación de Ruiz en la Comisión de Trabajo ha sido calificada como un acto políticamente insensible, que puede afectar la credibilidad del Congreso y enviar un mensaje negativo a la ciudadanía sobre el compromiso institucional con la transparencia y la defensa de los derechos laborales.