El Ejecutivo presentó un proyecto con 66 medidas distribuidas en ocho áreas, que incluyen seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, empleo, mypes, inversiones, minería, energía y modernización del Estado.
La presidenta Keiko Fujimori solicitó al Congreso facultades legislativas por un periodo de 120 días para implementar un paquete de reformas orientado principalmente a reforzar la seguridad ciudadana y promover la actividad económica.
El proyecto presentado por el Ejecutivo contempla 66 medidas distribuidas en ocho áreas prioritarias, entre ellas seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, sistema penitenciario, empleo, micro y pequeñas empresas (mypes), régimen tributario, inversiones, minería, energía, agricultura, vivienda y modernización del Estado.
La propuesta deberá ser evaluada inicialmente por la Cámara de Diputados. De aprobarse la delegación, el Gobierno podría emitir decretos legislativos durante los 120 días establecidos en materias específicas.
Seguridad y lucha contra el crimen
Uno de los principales componentes del pedido está relacionado con la lucha contra la delincuencia común y las organizaciones criminales.
Entre las medidas planteadas se encuentra la modificación de normas vinculadas con el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, además de nuevas herramientas para enfrentar las actividades delictivas. El proyecto también contempla modificaciones en materia penal, procesal penal, policial, migratoria y penitenciaria.
El sistema penitenciario también forma parte del paquete. El Ejecutivo plantea reforzar los mecanismos destinados a impedir que los establecimientos penitenciarios continúen siendo utilizados para coordinar extorsiones y otros delitos.
Para ello, se consideran medidas relacionadas con la localización, geolocalización, identificación, trazabilidad y monitoreo de dispositivos de comunicación utilizados desde los centros penitenciarios.
Medidas para economía y empleo
El pedido de facultades también incluye acciones vinculadas con el desarrollo productivo, empleo, mypes, innovación, inversión y régimen tributario.
Asimismo, el paquete incorpora sectores considerados estratégicos para la economía nacional, como minería, energía, hidrocarburos, electricidad, agricultura, pesca, acuicultura y turismo, además de infraestructura, recursos hídricos, vivienda y saneamiento.
El Gobierno sostiene que la delegación permitiría acelerar modificaciones legales que requieren normas con rango de ley y que forman parte de su agenda de reformas.
El proyecto será ahora materia de evaluación en el Congreso, donde las distintas bancadas deberán analizar el contenido y alcance de las 66 medidas planteadas por el Ejecutivo.