El consejero regional por Trujillo afronta un proceso por presunta usurpación agravada, aunque la Fiscalía archivó el caso en dos oportunidades al no encontrar delito. El juicio se desarrolla en el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo y la sentencia se conocerá en las próximas semanas.
El consejero regional por la provincia de Trujillo, Robert de la Cruz Rosas, afronta actualmente un juicio oral por el presunto delito de usurpación agravada, en el marco del expediente fiscal N.° 2840-2020. El proceso se desarrolla en el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, a cargo del juez Juan Conrrado Bendezu Villena, mientras el Ministerio Público sostiene un requerimiento de entre 6 y 8 años de pena privativa de la libertad.
Antecedentes del caso
El origen del proceso se remonta a abril de 2020, durante operativos de limpieza realizados por la Municipalidad Provincial de Trujillo en el mercado La Hermelinda, en cumplimiento de un decreto de alcaldía emitido durante la gestión de Daniel Marcelo Jacinto. En dichas acciones se retiraron estructuras ubicadas en una zona de descarga.
Los denunciantes señalaron haber sido afectados por el operativo, aunque reconocieron haber ocupado un área que no les pertenecía. La denuncia inicial no incluía a De la Cruz; su incorporación ocurrió un año después, a partir de referencias consignadas en las declaraciones de parte, pese a que los denunciantes no estuvieron presentes durante los hechos.
Archivamientos y reapertura
El caso fue archivado en 2021 por la Fiscalía, que concluyó que no existía delito ni bien jurídico afectado y que se trataba de una ocupación irregular de 48 m² de zona administrativa. Una queja presentada posteriormente permitió que el expediente se reactivara, aunque sin nuevos elementos probatorios.
En 2022, tras una nueva revisión fiscal, el Ministerio Público volvió a determinar que no existía responsabilidad penal. No obstante, el juez de investigación preparatoria dispuso que el caso pase a etapa de juicio oral.
Situación actual
El juicio avanza con los elementos previamente evaluados por la Fiscalía en las dos disposiciones de archivo. De la Cruz, por su parte, ha señalado que el proceso en su contra tendría motivaciones políticas vinculadas a su actividad fiscalizadora dentro del Consejo Regional.
La sentencia será emitida por el juez Bendezu Villena en las próximas semanas, una vez finalizada la etapa de actuación de pruebas y alegatos.