El Gobierno Regional de La Libertad pagó S/ 17.88 millones por 100 camionetas para la PNP, mientras Áncash adquirió los mismos vehículos por S/ 14.42 millones. La diferencia de S/ 3.45 millones sin sustento técnico ha desatado fuertes críticas, pedidos de investigación y cuestionamientos al gobernador César Acuña.
Escándalo por adquisición de patrulleros
La compra de 100 patrulleros por parte del Gobierno Regional de La Libertad (GORE), liderado por el gobernador César Acuña, se ha convertido en el centro de la polémica tras una investigación periodística que reveló un presunto sobrecosto millonario.
De acuerdo con el reportaje de Cuarto Poder, el GORE La Libertad pagó S/ 17.88 millones a la empresa Maquinarias S.A. por camionetas Toyota Hilux 4×4, mientras que el mismo día, el Gobierno Regional de Áncash adquirió idénticos vehículos —con las mismas especificaciones técnicas— a la misma empresa por S/ 14.425 millones.
Esto significa una diferencia de S/ 3.45 millones, monto que, según especialistas, no encuentra justificación objetiva ni técnica.
Según Renato Ulloa Delgado, gerente comercial automotor, el costo regular de mantenimiento para 100 camionetas hasta los 100 mil km bordea entre 12 y 15 mil soles por unidad, es decir, alrededor de 1.5 millones de soles en total. Incluso sumando el GPS y otros servicios, las cifras no alcanzarían el monto pagado por La Libertad.
Justificación oficial y dudas persistentes
El gerente general del GORE, Martín Namay, sostuvo que el mayor precio en La Libertad obedecía a la inclusión de servicios adicionales: mantenimiento por tres años y sistema de rastreo satelital. Sin embargo, un análisis comparativo estimó que el costo real de estos extras no debería superar los S/ 1.85 millones, lo que deja un margen aún inexplicado de S/ 1.6 millones.
“El argumento no se sostiene. La diferencia es demasiado grande y genera sospechas de un proceso poco transparente”, señalaron consejeros regionales durante la última sesión del pleno.
Reacciones políticas y sociales
El gobernador César Acuña ofreció disculpas públicas por el maltrato a periodistas que intentaron recabar información sobre el caso, pero evitó asumir responsabilidad directa. Aseguró que las decisiones de compra corresponden a las áreas técnicas y que, de comprobarse irregularidades, se sancionará a los responsables.
No obstante, consejeros regionales como Frank Solórzano y Robert de la Cruz denunciaron que el caso fue advertido desde diciembre de 2024 y que, pese a las evidencias, ni la Contraloría ni el Ministerio Público han actuado.
La situación ha generado indignación ciudadana, pues mientras se cuestiona un presunto pago inflado, La Libertad enfrenta una ola de inseguridad sin precedentes, donde la población exige más equipamiento y acción efectiva contra la delincuencia.
“Estos patrulleros deberían ser un símbolo de protección, pero hoy se han convertido en un ícono de la desconfianza hacia las autoridades”, expresó el dirigente vecinal Carlos Sandoval.
Contexto: millonarias compras en seguridad
El caso se suma a una serie de cuestionamientos a las adquisiciones del GORE La Libertad en materia de seguridad. Durante 2024 y 2025, se anunció la compra de más de 300 cámaras de videovigilancia y la entrega de camionetas a diversas comisarías, como parte de un plan integral para frenar la violencia en Trujillo y otras provincias.
Sin embargo, los resultados en materia de seguridad aún no son visibles: según cifras policiales, en lo que va de 2025 se registran más de 400 homicidios en la región, con Trujillo como epicentro del crimen organizado.
Lo que viene
Diversos colectivos ciudadanos han anunciado que solicitarán a la Contraloría General de la República una investigación inmediata y exhaustiva sobre el proceso de compra, mientras que congresistas liberteños pedirán que el caso sea revisado en la Comisión de Fiscalización del Congreso.
De confirmarse el sobrecosto, no solo estaríamos ante un perjuicio económico superior a los S/ 3.4 millones, sino también ante un golpe directo a la credibilidad del gobierno regional y a los esfuerzos por recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.