El Poder Judicial declaró responsables a los exintegrantes del Consejo Regional de La Libertad por ejercer atribuciones que no les correspondían durante el año 2021, imponiéndoles penas privativas de libertad suspendidas, inhabilitación y el pago de reparación civil.
La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, a cargo de la fiscal provincial Diana Kelly Soto Caro, obtuvo una sentencia condenatoria contra ocho exconsejeros regionales del Gobierno Regional de La Libertad por el delito de usurpación de funciones, tras acreditarse que ejercieron atribuciones que no les correspondían durante el año 2021.
El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo declaró responsables a los acusados y dispuso penas de cuatro años y seis meses de prisión para David Osvaldo Calderón de los Ríos, y cuatro años de prisión para Edgar López Chávez, Luis Alberto Rodríguez Ponce, Teresita de Jesús Bravo Malca, Edwin Martín Castellanos García, Gonzalo Alfredo Rodríguez Espejo, Santos Nicolás Vásquez Ibáñez y Roberto Luis Portilla Lescano.
No obstante, el Poder Judicial ordenó la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por el periodo de un año, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta. Asimismo, se impuso a todos los sentenciados una inhabilitación por un año para ejercer cargos o comisiones de carácter público, además del pago solidario de una reparación civil ascendente a S/ 10 000 a favor del Estado.
De acuerdo con la tesis fiscal, los exconsejeros desconocieron la elección legítima de la Mesa Directiva del Consejo Regional para el año fiscal 2021, presidida por el entonces consejero delegado Juan Fernando Díaz Sánchez. Pese a no contar con facultades legales, los acusados elaboraron y suscribieron el Oficio Múltiple N.° 001-2021-GRLL/CR para convocar a una sesión ordinaria los días 14 y 15 de enero de 2021, función que correspondía exclusivamente al consejero delegado.
Asimismo, los ocho exconsejeros acordaron que David Osvaldo Calderón de los Ríos notificara la convocatoria y presidiera la sesión del 14 de enero de 2021, ejerciendo de manera ilegal funciones propias de la presidencia del Consejo Regional.
La Fiscalía acreditó que estas acciones vulneraron el Reglamento Interno del Consejo Regional de La Libertad, aprobado mediante Ordenanza Regional N.° 005-2010-GR-LL/CR, cuyos artículos 33 y 34 establecen que únicamente el consejero delegado tiene la potestad de convocar y presidir las sesiones del consejo.
Con esta sentencia, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad y el respeto al debido proceso administrativo en las instituciones públicas, sancionando conductas que afectan la correcta administración del Estado.