El consejero regional, Robert de la Cruz, acompañado de otros consejeros, llevó a cabo una fiscalización en la avenida España, en una ubicación al costado del PROIN, en Trujillo. El propósito de la inspección fue verificar la situación de vehículos adquiridos para la Policía Nacional del Perú.
En un contexto de creciente inseguridad, el consejero regional Robert de la Cruz, junto a su colegas Frank Solórzano, Edy Camacho y Cristina Méndez, han denunciado que 80 motocicletas y 10 camionetas, adquiridas para la Policía Nacional del Perú, permanecen sin ser utilizadas. La inspección, realizada en un almacén en la avenida España, en el PROIN, reveló que las unidades, a pesar de estar equipadas y listas para su uso, están «completamente guardadas y empolvándose».
Según la información, las 80 motocicletas, valorizadas en S/ 2,824,000 soles, fueron adquiridas por el Gobierno Regional. La compra se realizó el 31 de marzo de 2025 , y su entrega a la policía fue aprobada por el Consejo Regional el 18 de julio de 2025, mediante el acuerdo regional número 186-2025. A pesar de que los consejeros fueron «apurados» para aprobar el acuerdo debido a la supuesta «urgencia» de la policía, las motos siguen sin circular. El consejero De la Cruz destacó que estas unidades debían ser utilizadas para patrullar los 60 territorios vecinales de Trujillo y para la prevención de delitos.
La denuncia no se limita solo a las motocicletas. La fiscalización también puso al descubierto 10 camionetas de la Policía Nacional que se encuentran en el mismo lugar, sin ser utilizadas. Adicionalmente, se encontró que 18 camionetas que fueron objeto de una denuncia previa, también siguen en el lugar debido a un arbitraje con la empresa Manuz.
Exigencia de responsabilidades
El consejero De la Cruz hizo un llamado público al gobernador regional para que tome acciones inmediatas y separe a los funcionarios responsables de este presunto «liderazgo» deficiente. El consejero responsabilizó directamente al Gerente Regional de Seguridad Ciudadana, el Coronel (r) Edwin Dávila, cuestionando su «capacidad» para poner las unidades a disposición de la policía. De la Cruz afirmó que Dávila «debe dar un paso al costado» y anunció que será convocado al Consejo Regional para ser interpelado.
Esta situación no es nueva, ya que los consejeros recordaron que en enero del año 2025, después de un atentado en la fiscalía, se encontraron 100 patrulleros también guardados. Para De la Cruz, la coincidencia de los hechos ya no es «casualidad» y considera que el gobierno regional es «cómplice de la delincuencia» al no combatir la inseguridad ciudadana.