Dirección fiscal del consorcio de Lucero Coca no coincide con la presentada en contrato de obra vial de Huanchaco

Vecinos de Chiclayo denuncian que la dirección fiscal usada por el consorcio en los documentos de adjudicación difiere del domicilio real; esto se suma a otras irregularidades que llevaron a la anulación del contrato.

El Consorcio Vías Huanchaco, responsable del proyecto vial que conectaría Trujillo con Huanchaco y valorizado en más de S/ 121 millones, enfrenta una nueva denuncia: las autoridades de Chiclayo y vecinos señalan que la dirección fiscal consignada en el contrato no corresponde al domicilio real descrito.

La dirección en disputa es Calle Las Diamelas N.º 535, Urbanización Arturo Cabrejos Falla, Chiclayo, la cual, según los vecinos que habitan el inmueble, nunca ha albergado oficinas de la empresa. Las mismas familias afirmaron que se trata de una vivienda familiar y que no existe vínculo con la infraestructura ni administración del consorcio.

“Por esa empresa siempre vienen a preguntar. Acá es un hogar, vivimos 45 años en esta casa. Que busquen en el RUC y vayan a molestar allá. Es inquietante que vengan desde Trujillo por una empresa que no existe acá”, señalaron los ocupantes de la vivienda.

El hallazgo surge luego de que la autoridad regional de La Libertad ordenara la nulidad del contrato con el consorcio por detectar documentación inexacta durante la fase de verificación. Este nuevo dato refuerza las sospechas respecto a la transparencia del proceso de adjudicación.

El caso ha generado preocupación entre autoridades regionales: la presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza, ha señalado que se habrían registrado fallas en el comité de selección del contrato que permitieron que se usaran datos no verificados desde el inicio.

El contrato vial estaba paralizado y bajo investigación, tras la anulación. Con esta nueva denuncia, el proceso legal podría acentuarse, ya que la discrepancia en el domicilio fiscal es una de las irregularidades que puede incentivar sanciones administrativas o incluso judiciales si se confirma que ha habido dolo o falsedad.