Contraloría General de la República pide denunciar a la regidora Eiby Guibert Chávez por presuntas irregularidades en Huanchaco

Un informe de control atribuye a Eiby Guibert la omisión de cobranza de deudas tributarias mayores a S/ 43 000 cuando fue funcionaria de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, generando un perjuicio al Estado de casi S/ 750 000.

La Contraloría General de la República solicitó que se inicien acciones legales contra exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco (provincia de Trujillo, región La Libertad) por haber dejado prescribir deudas tributarias de los años 2011 a 2019, lo que habría generado un perjuicio económico de S/ 749 530.04.

Entre los implicados figura la actual regidora de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Eiby Yassir Guibert Chávez, quien mientras ocupó el cargo de jefa de la Unidad de Orientación, Recaudación y Control Tributario de Huanchaco (entre el 1 de octubre de 2015 y el 14 de abril de 2016) no habría ejecutado la cobranza ordinaria de al menos cuatro contribuyentes por S/ 43 000, permitiendo que la deuda prescribiera tras cuatro años.

El informe de control específico N° 023-2025-2-2048-SCE, difundido el pasado 7 de octubre, concluye que la Municipalidad “omitió realizar acciones de cobranza del impuesto predial … y declaró la nulidad del procedimiento coactivo a contribuyente sin argumentos válidos”.

Las responsabilidades atribuidas señalan que la situación se originó por el accionar indebido de la Oficina de Administración Tributaria y de la Unidad de Orientación, Recaudación y Control Tributario, cuya jefatura correspondería al periodo de Guibert. Junto a ella, se recomienda acciones civiles contra Estuardo Reátegui, Dante Galarreta, Richard Cerrutti, Ricardo Fernández, Freddy Castro y Eder Ortiz; mientras que se pide denuncia penal para Javier Rosales.

El caso pone sobre la mesa el problema estructural del rezago en la recaudación municipal y la incapacidad de algunos municipios de la región para hacer cumplir sus obligaciones tributarias, lo que repercute directamente en la capacidad de inversión y prestación de servicios públicos para la población.