Presuntas irregularidades en contratación para diagnóstico de cámaras de videovigilancia habrían causado un perjuicio de S/ 19,985 al Estado.
La Contraloría General de la República solicitó iniciar acciones penales contra dos funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, tras detectar presuntas irregularidades en la contratación de un servicio de diagnóstico técnico para el sistema de videovigilancia del distrito. El caso se encuentra documentado en el Informe de Control Específico N.º 016-2025-2-2048-SCE y reporta un perjuicio económico estimado de S/ 19,985.
El informe, notificado el 4 de junio al alcalde distrital Efraín Bueno Alva, señala que el servicio fue contratado sin asegurar la confiabilidad técnica del informe entregado, debido a la ausencia de personal calificado y la falta de validación por el área técnica correspondiente.
Entre los principales hallazgos, la Contraloría identificó que la indagación de mercado y el cuadro comparativo de precios se elaboraron con proveedores no especializados en el objeto del servicio. Asimismo, se otorgó conformidad al informe sin verificación técnica, y este fue firmado por un profesional que declaró no haber participado en su elaboración.
El diagnóstico, además, no resultó útil para la finalidad pública, generando un beneficio indebido al proveedor y ocasionando el presunto daño al erario. Ante ello, el órgano de control solicitó a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción que denuncie penalmente a:
- José Morales Silva, subgerente de Seguridad Ciudadana de Huanchaco
- Ekatherin Rodríguez Vega, jefa de la Unidad de Logística y Control Patrimonial
El servicio tenía como propósito mejorar el sistema de videovigilancia de Huanchaco, uno de los principales destinos turísticos de Trujillo. Sin embargo, los hallazgos sugieren que el proceso se realizó sin respaldo técnico adecuado, lo que afectaría tanto la eficiencia del servicio como el uso de recursos públicos.