El organismo de control señala prácticas fraudulentas en el proceso de contratación pública, entre ellas criterios de evaluación improcedentes y adjudicación con sobrecosto de más de S/ 300.000.
La Contraloría General de la República ha identificado presuntas irregularidades en la licitación pública N.º 003-2025-MDE/C-1, convocada por la Municipalidad Distrital de La Esperanza, para la obra denominada “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las calles de la HUP Manuel Arévalo II Etapa”. Según el informe de orientación de oficio, los hallazgos podrían comprometer la transparencia, competitividad y eficiencia del proceso.
Principales hallazgos
- El comité de selección, conformado por varios miembros de la municipalidad, rechazó una oferta más baja pese a que cumplía con todos los requisitos formales. La Contraloría considera que dicha descalificación no estaba respaldada en la normativa aplicable ni en las bases del concurso.
- La oferta del consorcio más económica ascendía a S/ 9,974,069.12, mientras que la buena pro se otorgó al consorcio que presentó una propuesta de S/ 10,278,540.70, lo que representa un sobrecosto de más de S/ 300,000.
- Se usaron criterios de evaluación que no estaban contemplados en las bases ni en la ley, como cuestionar la validez del título profesional de un ingeniero porque no figuraba en el registro de la SUNEDU, a pesar de que se había presentado el diploma universitario.
- Se desestimaron certificados de experiencia laboral por detalles menores, como diferencias en la dirección o en el pie de página, lo cual va en contra de los criterios técnicos explícitos de la convocatoria.
Posibles consecuencias
La Contraloría advierte que estas irregularidades podrían implicar un perjuicio económico para la municipalidad y un uso ineficiente de los recursos públicos. Además, su informe sugiere que la entidad actuó de manera que favoreció a un postor menos competitivo.
Reacciones
Hasta el momento, la municipalidad de La Esperanza no ha emitido un pronunciamiento público sobre el informe de la Contraloría. Se espera que el órgano edil tome medidas para corregir las irregularidades detectadas, y que la Contraloría, por su parte, defina si hay responsabilidad administrativa o penal.