Piden citar al gobernador César Acuña y altos funcionarios del Gobierno Regional para esclarecer la firma de contratos por más de S/ 300 millones con una joven sin experiencia en el sector construcción.
Los consejeros regionales del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) solicitaron formalmente la convocatoria urgente a una sesión extraordinaria para que el gobernador regional, César Acuña Peralta, junto a otros altos funcionarios, respondan ante las denuncias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos de obras públicas.
La solicitud fue presentada mediante el Oficio N.º 000151-2025-GRLL-CR-DCRT4, dirigido a la presidenta del Consejo Regional, Tania Carranza Blas, y firmado por los consejeros Puritza Carranza, Robert de la Cruz, Deyvi Camacho y Robert Favián.
El pedido surge tras la difusión de un reportaje del programa Panorama, que reveló que Nicole Coca Condori, una joven de 23 años y sin experiencia acreditada en obras públicas, habría firmado contratos con el Gobierno Regional por un valor superior a los S/ 300 millones. Entre las obras adjudicadas se encuentran: la mejora del Corredor Vial Norte por S/ 121 millones y la ampliación de los servicios del Hospital de Virú por S/ 194 millones.
Solicitan presencia de funcionarios involucrados
Los consejeros solicitan que sean convocados a la sesión extraordinaria el gobernador regional César Acuña; el gerente general regional, Martín Namay Valderrama; y el gerente regional de Infraestructura, Jorge Luis Bringas Maldonado, a fin de que brinden explicaciones sobre los procesos de licitación y adjudicación en los que participó la empresa vinculada a Coca Condori.
Además, se detalla en el documento que, según el registro de visitas del Gobierno Regional, el padre de la empresaria, Juan Carlos Coca Rojas, así como la propia Nicole Coca, sostuvieron reuniones institucionales en fechas previas a la suscripción de los contratos, lo que ha generado preocupación por un posible conflicto de intereses.
Los consejeros advierten que estas denuncias podrían constituir delitos de colusión y negociación incompatible, por lo que reiteran la necesidad de un pronunciamiento claro por parte de las autoridades regionales para preservar la transparencia y legitimidad del proceso de licitación pública.