El presupuesto destinado a remuneraciones en el Legislativo alcanzó su nivel más alto de los últimos años, generando cuestionamientos sobre la eficiencia del gasto público.
El Congreso de la República cerró el año 2025 marcando un récord histórico en gasto anual de planillas, al superar los S/ 800 millones, según información revelada por Infobae Perú. Esta cifra representa uno de los niveles más altos de desembolso en remuneraciones dentro del Poder Legislativo y ha encendido el debate público sobre el uso de los recursos del Estado.

De acuerdo con el informe, el incremento responde principalmente al crecimiento del número de trabajadores parlamentarios, asesores, personal de confianza y funcionarios administrativos, además de ajustes salariales y beneficios laborales vigentes. El gasto en planillas se ha convertido en uno de los componentes más significativos del presupuesto institucional del Congreso.
Aumento sostenido del gasto público
El presupuesto destinado a sueldos y remuneraciones ha mostrado una tendencia ascendente en los últimos años, consolidándose en 2025 como el mayor registrado. Este escenario contrasta con el contexto económico del país y con los reiterados llamados a la austeridad en el sector público.
Especialistas en gestión pública advierten que el aumento del gasto en planillas limita la capacidad del Estado para destinar mayores recursos a inversión pública, servicios básicos y programas sociales, afectando la eficiencia del uso del presupuesto nacional.

Cuestionamientos y pedidos de transparencia
El récord alcanzado por el Congreso ha generado críticas desde diversos sectores de la sociedad civil, que exigen mayor transparencia, rendición de cuentas y una evaluación técnica de la estructura administrativa del Legislativo. Asimismo, se ha planteado la necesidad de revisar los criterios de contratación y la proporcionalidad entre funciones, resultados y remuneraciones.
Mientras tanto, el Congreso no ha anunciado medidas concretas para reducir el gasto en personal, en un contexto donde la ciudadanía demanda una gestión más responsable y alineada con las prioridades nacionales.
Este nuevo hito presupuestal vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la eficiencia del Estado, el control del gasto público y la urgencia de reformas que garanticen un uso más racional de los recursos públicos.