La congresista de Acción Popular, Maricarmen Alva Prieto, recorrió comisarías y la Unidad de Flagrancia de Trujillo, evidenciando mejoras en seguridad ciudadana pero también deficiencias en infraestructura policial; además, lideró la II sesión descentralizada de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia con actores locales.
La congresista Maricarmen Alva Prieto, de Acción Popular, desarrolló el martes 15 de julio una intensa agenda en Trujillo, focalizándose en la evaluación del sistema policial y judicial de la región. Durante una reunión con el general Guillermo Llerena Portal, jefe de la Macro Región Policial La Libertad, se informó una reducción de delitos de robo en un 60 % entre enero y junio, gracias al trabajo conjunto entre la policía y las autoridades regionales.
Alva destacó que la región cuenta ahora con 140 patrulleros, 200 motocicletas, 200 radios y el sistema de vigilancia “Policop” por cuadrantes. Asimismo, se trabaja en la modernización tecnológica de la Central de Emergencias 105, que incorporará tecnología IP.
La congresista visitó también la Unidad de Flagrancia de Trujillo, modelo exitoso en la resolución ágil de delitos flagrantes, donde se atienden hasta 20 casos diarios, frente a los 10 semanales previos. Sin embargo, evidenció carencias en la Comisaría PNP Ayacucho: infraestructura en mal estado, solo siete patrulleros y 103 efectivos, muchos próximos al retiro. “¿Cómo vamos a combatir la delincuencia si una comisaría sigue en ruinas?”, enfatizó.
Como presidenta de la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia, Alva lideró la segunda sesión descentralizada en Trujillo, con participación de los poderes Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Colegio de Abogados. En este foro se discutieron propuestas como: eliminación de la provisionalidad de jueces, fortalecimiento del control disciplinario, acceso a una justicia moderna, digital y operativa 24/7. Esta comisión ha sistematizado más de 300 proyectos de ley y definido 16 ejes de reforma desde marzo pasado.
Alva Prieto remarcó la urgencia de “decisiones políticas, patrullaje real y presencia del Estado” para hacer frente a la extorsión y criminalidad histórica de la región.