La propuesta plantea equiparar las remuneraciones de los futuros parlamentarios con las de un juez supremo. Mientras congresistas como Ruth Luque advierten excesos, Arturo Alegría pide un debate técnico y responsable sobre el impacto presupuestal.
La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Arturo Alegría (Fuerza Popular), inició esta semana la revisión del predictamen que regula el funcionamiento del nuevo Parlamento bicameral, cuya instalación está prevista para el 2026. Uno de los puntos que ha generado mayor controversia es la propuesta de fijar los sueldos de senadores y diputados en S/ 34,917.20, monto equivalente al que percibe un juez supremo titular por todo concepto.
La medida busca, según se expuso, equiparar la responsabilidad de la labor legislativa con la de los altos magistrados, asegurando —argumentan sus defensores— que se atraiga a profesionales calificados para integrar las nuevas cámaras. No obstante, la propuesta enfrenta duras críticas por el fuerte impacto presupuestal que representaría.
De aprobarse, los 130 diputados y 60 senadores percibirían en conjunto más de S/ 6.6 millones mensuales y alrededor de S/ 93 millones anuales, considerando las 14 remuneraciones que incluye el régimen parlamentario (12 sueldos y 2 gratificaciones).
Durante la sesión, la legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) cuestionó abiertamente la falta de justificación:
“Personalmente, me llama la atención en la propuesta del nuevo reglamento que establece como derecho de senadores y diputados percibir una remuneración mensual igual al que percibe por todo concepto un juez supremo titular. En esto creo que es importante saber cuál es la justificación”, expresó.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Arturo Alegría, recordó que el texto en debate es un predictamen elaborado a partir de varios proyectos de ley y que aún está sujeto a modificaciones:
“Este documento debe ser enriquecido con las observaciones de todas las bancadas. Queremos que la discusión sea técnica, responsable y transparente”, subrayó.
El debate sobre los sueldos se da en medio de un contexto marcado por la baja aprobación ciudadana del Congreso y la necesidad de justificar el gasto público en un escenario económico aún incierto. Organizaciones civiles y analistas políticos han advertido que establecer remuneraciones tan elevadas podría agudizar el distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía, sobre todo en regiones donde el desempleo y la informalidad laboral siguen siendo problemas graves.
El predictamen continuará discutiéndose en las próximas sesiones de la Comisión de Constitución, antes de pasar al pleno del Congreso, donde se necesitará una mayoría calificada para su aprobación final.