El Ministerio Público allanó oficinas regionales tras una denuncia que señala que autoridades de control retrasaron auditorías que revelarían irregularidades en el programa Procompite.
La investigación por el caso Procompite 2023 en La Libertad ha escalado: el Ministerio Público amplió la denuncia contra el gerente regional de control, William León Huertas, acusado de demorar la aprobación de un informe de auditoría con el fin de favorecer ilegalmente a ciertos funcionarios del Gobierno Regional. El viernes 1 de octubre se ejecutaron operativos de allanamiento en las oficinas de la Contraloría regional y el Órgano de Control Institucional (OCI).
Según la auditora denunciante —quien pertenece a la propia Contraloría—, el informe cuestionado evidenciaba presuntas responsabilidades administrativas en el uso indebido de fondos de Procompite. Sin embargo, se alega que fue “aplazado” en su aprobación, impidiendo que las acciones de control correspondientes se ejecuten oportunamente.
La intervención incluyó la toma de comunicaciones electrónicas: León Huertas confirmó que la Fiscalía se llevó correos oficiales vinculados al proyecto de auditoría, así como documentos de borrador y respuestas de auditoras. Él negó que exista denuncia formal aún en su contra, y sostuvo que la auditoría recién podía iniciarse después del cierre oficial del programa en septiembre pasado.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría (Sintracgr) solicitó información detallada sobre el avance de las investigaciones, medidas disciplinarias aplicadas y copias de documentos vinculados al caso.
La Contraloría General de la República respaldó la intervención fiscal y anunció el envío de un equipo técnico especializado desde Lima para fortalecer la supervisión del caso en la región.
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre la independencia del control regional, dado el historial profesional de León Huertas y su vinculación con administraciones regionales asociadas al partido que lidera el gobernador regional, lo que algunos críticos interpretan como un posible conflicto de intereses.