Reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera revelan que la minería ilegal no solo devasta territorios, sino que ha creado un sistema económico paralelo que infiltra el sistema financiero, financia crimen organizado y exporta oro ilícito con documentos aparentemente legales.
Una economía criminal que se mueve como el oro
La minería ilegal ha dejado de ser una actividad marginal para convertirse en uno de los principales motores financieros del crimen organizado en el Perú. Según información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en los últimos diez años se han detectado movimientos sospechosos por más de 22 mil 800 millones de dólares vinculados a esta actividad ilícita.
Entre septiembre de 2015 y 2025, la UIF recibió más de 5 700 reportes de operaciones sospechosas, evidenciando cómo el dinero proveniente del oro ilegal se inserta en la economía formal mediante empresas fachada, testaferros, compras de inmuebles, adquisición de vehículos y exportaciones “regularizadas” solo en el papel.
Oro ilegal que sale del país con documentos
Uno de los mayores desafíos para el Estado es que el oro ilegal no necesita rutas clandestinas. Tal como reconoce Diego Ulloa, analista de la UIF, el mineral sale del país con documentos, cruza puertos y aeropuertos y se exporta como si tuviera origen lícito, lo que dificulta identificar en qué punto de la cadena se produjo el delito.
Esta característica convierte a la minería ilegal en una amenaza distinta a otros negocios criminales: su producto final se mimetiza fácilmente con el comercio legal y distorsiona los controles financieros tradicionales.
La Libertad: violencia financiada con oro
En regiones como La Libertad, especialmente en provincias como Pataz, Parcoy y Retamas, el oro ilegal alimenta economías violentas. Bandas armadas disputan territorios, controlan campamentos mineros, trafican explosivos y extorsionan a empresarios y comunidades, generando un clima de inseguridad que supera la capacidad de respuesta del Estado.
El flujo de dinero ilícito no solo compra armas y sicarios, sino que también corrompe autoridades locales y regionales, e incluso financia campañas políticas, consolidando un círculo de impunidad que perpetúa la ilegalidad.
Sistema financiero bajo presión
Bancos, financieras, cooperativas y casas de cambio reciben grandes volúmenes de efectivo que, en muchos casos, provienen directa o indirectamente de redes criminales. La SBS ha advertido que los controles deben reforzarse, ya que el lavado de activos ligado a delitos ambientales sigue en expansión y amenaza la estabilidad del sistema financiero.
Más que un delito ambiental
Cada dólar lavado por la minería ilegal evade impuestos, distorsiona mercados y erosiona la confianza en las instituciones. El problema ya no es solo ambiental, sino estructural. Mientras el oro ilegal siga saliendo del país con apariencia de legalidad y el dinero ilícito circule sin mayores barreras, la lucha contra este fenómeno seguirá siendo una carrera cuesta arriba para el Estado peruano.