Familiares denuncian la poca acción por parte de la policía y temen que alias “Cuchillo” ya los haya ejecutado.
La región de La Libertad se encuentra conmocionada tras conocerse la presunta ejecución de 13 agentes de seguridad privada que fueron secuestrados el pasado 25 de abril en una bocamina ubicada en el sector Pueblo Nuevo, distrito de Pataz, provincia de Pataz. Los responsables del crimen pertenecerían a una organización criminal cuyo cabecilla es un sujeto apodado “Cuchillo”.
Según testimonios de familiares de los desaparecidos, la empresa RyR SAC, cuyo propietario, según el parte policial, es Segundo Nicolás Cueva Rojas, habría demorado en reportar los hechos a la Policía Nacional, intentando inicialmente negociar con los secuestradores. El general Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, señaló en su momento que no se presentó una denuncia inmediata en la Depincri de Huamachuco, lo que habría dificultado la acción oportuna de las fuerzas del orden.
El jueves último, un contingente de más de 85 efectivos policiales fue desplegado hasta la bocamina para ejecutar un operativo de rescate. Sin embargo, al ingresar al socavón no se encontró rastro alguno de los 13 trabajadores. Trascendidos indican que un video que mostraría los cuerpos sin vida de los agentes estaría circulando en redes sociales, aunque las autoridades aún no han confirmado su autenticidad.
Testigos presenciales han narrado que el día del ataque, dos patrullas de seguridad ingresaron a una zona controlada por minería ilegal. Una de ellas habría logrado repeler el enfrentamiento, pero la segunda fue neutralizada y desde entonces sus miembros fueron reportados como desaparecidos.
Una fuente anónima reveló que el propietario de RyR SAC habría pedido a los agentes restantes “esperar”, bajo la suposición de que los secuestradores exigirían un rescate. No obstante, al no recibir comunicación alguna, se habría ordenado el ingreso de una nueva patrulla días después, la cual se topó con una escena de presuntos cadáveres abandonados, pero la orden desde ‘arriba’ habría sido “déjenlos ahí”.
Este caso vuelve a encender las alarmas sobre el nivel de riesgo que enfrentan los trabajadores de empresas mineras en Pataz, donde organizaciones criminales mantienen un control violento de ciertas zonas. La aparente falta de acción inmediata y protección por parte de algunas empresas pone en tela de juicio el compromiso con la seguridad de sus empleados.