La compra corporativa obligatoria, a cargo de Perú Compras, busca generar ahorros por volumen y mayor eficiencia en el uso de recursos públicos.
Un total de 13 entidades públicas de la región La Libertad confirmaron su participación en la compra corporativa obligatoria de papel, materiales de oficina y productos de limpieza, proceso que es gestionado por la Central de Compras Públicas – Perú Compras.
Las instituciones participantes tienen plazo hasta el 6 de marzo de 2026 para registrar su información y adjuntar la documentación correspondiente. Culminada esta etapa, Perú Compras consolidará los requerimientos con el fin de obtener mejores precios mediante la compra por volumen, para luego ejecutar el procedimiento de adquisición a través de los Catálogos Electrónicos.
A nivel nacional, son 249 entidades públicas de 22 regiones las que forman parte de esta compra masiva, que contempla la adquisición de bienes como papel bond homologado de distintos gramajes, archivadores, bolígrafos, plumones, así como jabón para higiene de manos, papel higiénico y papel toalla.
Cronograma del proceso
Con el objetivo de garantizar la transparencia y el acceso a la información, Perú Compras publicó el cronograma oficial del proceso. El registro de requerimientos y documentación se realizará hasta el 6 de marzo de 2026, mientras que la subsanación de observaciones está programada del 13 al 17 de marzo.
Una vez consolidada la agregación de la demanda, el 24 de marzo se iniciará la denominada “Gran Compra” en la plataforma de Perú Compras, con la emisión de proformas entre el 25 y 26 de marzo. Finalmente, la emisión de las órdenes de compra se efectuará del 30 de marzo al 7 de abril del presente año.
En este tipo de contratación, la Central de Compras Públicas se encarga del proceso hasta la selección de proveedores, mientras que cada entidad participante es responsable de emitir las órdenes de compra, coordinar las entregas y efectuar los pagos.
La compra corporativa obligatoria permite al Estado optimizar recursos, reducir tiempos de adquisición y mejorar la calidad de los bienes adquiridos, contribuyendo a una gestión pública más eficiente y orientada al servicio de la ciudadanía.