Decreto supremo recorta drásticamente la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, lo que compromete la protección de uno de los patrimonios culturales y naturales más emblemáticos del país. Especialistas advierten que se abre la puerta a intereses extractivos.
El gobierno peruano publicó un controvertido decreto supremo mediante el cual reduce en más de 2,397 kilómetros cuadrados el área de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, una zona marina protegida ubicada frente a las costas de Ica, que forma parte del ecosistema asociado al patrimonio cultural de las famosas Líneas de Nasca.
El nuevo límite, establecido a través del Decreto Supremo N.° 005-2025-MINAM, implica una disminución del 30% del área original establecida en 2021, bajo el argumento de “ajustar los objetivos de conservación a una nueva zonificación ecológica económica”. Sin embargo, la medida ha sido duramente cuestionada por sectores científicos, ambientales y culturales, que consideran que esta decisión responde a presiones de la industria pesquera y minera submarina, en desmedro de la biodiversidad y el legado arqueológico.
Alerta por debilitamiento de protección
Organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) han expresado su preocupación por lo que consideran un grave retroceso en materia de conservación marina, justo en momentos en que el mundo exige mayor protección ambiental.
“La Reserva Nacional Dorsal de Nasca fue creada no solo por su riqueza biológica, sino porque está íntimamente conectada con el ecosistema costero y marino que rodea las Líneas de Nasca. Reducirla es una afrenta al compromiso ambiental y cultural del país”, sostuvo un investigador de IMARPE bajo reserva.
Patrimonio en riesgo
Las Líneas de Nasca, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo son un atractivo turístico de renombre mundial, sino también un símbolo de la ingeniería ancestral y la cosmovisión precolombina. Cualquier alteración al ecosistema natural que las rodea, incluidos sus espacios marinos, puede tener consecuencias irreversibles en su integridad.
La decisión del Ejecutivo se da en medio de un contexto internacional que reclama mayor acción frente al cambio climático y donde países vecinos amplían sus zonas de protección ambiental. En contraste, el Perú reduce la única reserva nacional oceánica de su territorio, debilitando no solo su imagen internacional sino también su compromiso con las futuras generaciones.
Varios colectivos ciudadanos y científicos ya han anunciado que iniciarán acciones legales y una campaña pública para exigir la restitución de la protección total del área reducida, advirtiendo que este precedente podría extenderse a otras reservas naturales si no hay una reacción firme de la sociedad.