Decreto Legislativo N.º 1710 crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización para reorganizar el sistema carcelario y juvenil.
El Ejecutivo oficializó este miércoles la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y absorberá también a programas nacionales vinculados al sistema penitenciario y juvenil, como el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES), mediante el Decreto Legislativo N.º 1710, publicado en el Diario Oficial El Peruano.
La SUNIR asumirá la rectoría del nuevo Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social, con competencias que incluyen la administración de cárceles y centros juveniles, la seguridad interna y externa de los establecimientos penitenciarios, la ejecución de medidas alternativas a la prisión, la vigilancia electrónica, y los programas de seguimiento postpenitenciario, entre otras funciones.
Según el decreto legislativo, la nueva superintendencia estará adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contará con autonomía administrativa, funcional y financiera, y su implantación deberá concluir en un plazo de 90 días hábiles, prorrogable por 30 días adicionales.
Objetivos de la reforma
La SUNIR fue creada en el marco de una reforma estructural al sistema penitenciario anunciada por el presidente José Jerí, con el argumento de que el modelo anterior presentaba deficiencias estructurales, problemas de corrupción y la infiltración de organizaciones criminales desde el interior de las cárceles, limitando la eficacia del control y la reinserción social de las personas privadas de libertad.
Desde el Ejecutivo se afirma que una entidad unificada permitirá una gestión más ágil, coordinada y efectiva, con criterios técnicos especializados y una jefatura institucional única que concentre la toma de decisiones, eliminando estructuras que diluían responsabilidades en el antiguo INPE.
Además de reorganizar la administración penitenciaria, el nuevo modelo busca reforzar la seguridad interna de los penales, mejorar los procesos de rehabilitación y resocialización y enfrentar desafíos como el hacinamiento, la infiltración del crimen organizado y la deficiente infraestructura carcelaria.
Transición y próximos pasos
El decreto publicado dispone la eliminación de normas vinculadas al INPE y establece disposiciones transitorias para asegurar la estabilidad del personal que será transferido a la SUNIR. El proceso de reorganización y transferencia de competencias incluye la reestructuración de la gestión penitenciaria, sin que se requieran recursos adicionales del Tesoro Público, pues se utilizarán los presupuestos ya asignados a las entidades absorbidas.
Con esta reforma, el Gobierno busca marcar un punto de inflexión en la política penitenciaria del país, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana y los desafíos del sistema de internamiento.