El último reporte de la Defensoría del Pueblo advierte el surgimiento de una nueva conflictividad social relacionada con la minería ilegal. La Libertad aparece entre las regiones con mayor preocupación por los impactos ambientales, sociales y de seguridad.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el crecimiento de una nueva generación de conflictos sociales y ambientales asociados a la minería ilegal en el país. Según el Reporte de Conflictos Sociales N.° 266, actualmente existen seis conflictos activos relacionados con esta actividad, uno de ellos ubicado en la provincia de Pataz, en la región La Libertad.
El informe señala que estas controversias involucran a mineros ilegales, plantas de beneficio, asociaciones de productores, propietarios de terrenos, comunidades campesinas y pueblos indígenas, quienes mantienen disputas por el uso del territorio, la protección de las fuentes de agua y los impactos ambientales derivados de la actividad minera.
En el caso de Pataz, la Defensoría advierte que persisten conflictos relacionados con los efectos sociales, ambientales y de seguridad generados por la minería ilegal, una situación que continúa afectando a la población y podría agravarse si no se adoptan medidas oportunas.
El reporte también identifica conflictos similares en Huanta (Ayacucho), Cahuacho (Arequipa), Tigre y Datem del Marañón (Loreto) y La Pampa (Madre de Dios), donde comunidades y organizaciones sociales demandan mayor intervención del Estado para frenar la expansión de actividades ilegales y proteger los recursos naturales.
La Defensoría advirtió que muchos de estos conflictos permanecen fuera de los sistemas oficiales de registro debido a que la minería ilegal opera al margen de la ley y carece de actores claramente identificados con quienes establecer mecanismos de diálogo.
Además, señaló que las comunidades ya no enfrentan únicamente a empresas formales, sino a redes conformadas por mineros ilegales, operadores de plantas de beneficio, transportistas y otros actores vinculados a economías ilícitas, lo que incrementa la complejidad de los conflictos y eleva el riesgo de violencia.
El organismo también alertó que existen disputas que ni siquiera han sido incorporadas en los registros oficiales, como ocurre con el caso de la planta de beneficio Yolita, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, donde comuneros denuncian contaminación ambiental y amenazas.
Frente a este escenario, la Defensoría considera necesario fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas para prevenir la escalada de estos conflictos y garantizar la protección de la población y del medio ambiente.