El Ministerio del Interior anunció la creación de una unidad policial especializada para combatir la ola de extorsiones en el país. El coronel Revoredo, con más de 30 años de trayectoria en la Policía Nacional del Perú (PNP), asumirá su jefatura.
En una de las acciones más relevantes en seguridad ciudadana del presente año, el Ejecutivo oficializó la creación de la División de Investigación de Extorsiones, una nueva dependencia de la PNP destinada a hacer frente al crecimiento sostenido del delito de extorsión en el país.
El titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, informó que la unidad estará compuesta por agentes “altamente especializados en inteligencia operativa e investigación criminal”, y que tendrá como misión central desarticular bandas dedicadas a la extorsión, especialmente en sectores vulnerables como el transporte, el comercio y la construcción.
El coronel Víctor Revoredo Farfán fue designado para liderar esta división. Su trayectoria incluye operaciones contra organizaciones criminales y experiencia como agregado policial en Chile, lo cual le otorga perfil para una gestión de gran exigencia. “Todo bastión necesita un líder que no tema enfrentarse al crimen; ese líder es el coronel Revoredo”, enfatizó Tiburcio.
La medida responde al incremento del 18 % en las extorsiones a nivel nacional y al alza de homicidios —3 % más que en 2024— cifras que el Ministerio consideró inaceptables.
La nueva división operará como una dependencia funcional dentro de la PNP, con articulación interinstitucional con el Ministerio Público, fuerzas de seguridad regionales y tecnología de punta para seguimiento de redes criminales que hasta ahora operaban con impunidad.
Crítica institucional
Aunque la creación de la división es una señal positiva, el reto real será su operatividad efectiva. Los anuncios de nuevas unidades especializadas se han vuelto frecuentes en la historia reciente, y muchas carecen de presupuesto, recursos humanos estables y coordinación regional. Si esta división no cuenta con autonomía, presupuesto adecuado y capacidad para penetrar las estructuras territoriales de extorsión, corren el riesgo de convertirse en otra promesa incumplida. Además, la selección de un solo jefe no garantiza la erradicación del problema; se requiere un cambio profundo en la institucionalidad policial, sistemas de inteligencia y protección de víctimas para marcar una diferencia real.