El Poder Judicial dictó internamiento preventivo mientras continúan las investigaciones por la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años. La medida no constituye una sentencia ni determina responsabilidad penal.
Seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, luego de que el Poder Judicial dictara cuatro meses de internamiento preventivo mientras continúa la investigación por la presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros.
La decisión fue adoptada por el Tercer Juzgado de Familia de Lima, a cargo de la jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo, tras el requerimiento presentado por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro. El Poder Judicial precisó que los cuatro meses corresponden al plazo máximo establecido para este tipo de medida.
Seis internados y cuatro liberados
Inicialmente, diez adolescentes fueron retenidos por su presunta vinculación con el caso. Sin embargo, cuatro recuperaron su libertad luego de que culminara el plazo de retención y las diligencias iniciales.
Respecto de los seis adolescentes para quienes la Fiscalía solicitó el internamiento, el Ministerio Público señaló que existen indicios que permitirían continuar investigándolos por una presunta infracción a la ley penal. Entre los elementos considerados figuran declaraciones de los involucrados, actuaciones policiales y el reconocimiento médico-legal practicado al adolescente agraviado.
Investigación continúa
Los hechos denunciados habrían ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus escolar, cuando los estudiantes retornaban de una actividad deportiva. La investigación busca establecer qué ocurrió y determinar individualmente la participación que pudiera corresponder a cada adolescente.
El internamiento preventivo no implica una condena ni determina por sí mismo la responsabilidad de los investigados. Su finalidad, en este caso, es asegurar su presencia durante las diligencias mientras las autoridades esclarecen los hechos.
Paralelamente, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección a favor del adolescente agraviado, entre ellas restricciones de contacto por espacios privados o redes sociales y terapias psicológicas obligatorias para los adolescentes investigados. También se dispuso patrullaje periódico en los alrededores del domicilio de la víctima.
El proceso continuará bajo el régimen de responsabilidad penal aplicable a adolescentes, mientras el Ministerio Público reúne y evalúa los elementos necesarios para esclarecer el caso.