Delincuentes interceptaron un microbús, sustrajeron la documentación del vehículo y enviaron un video con amenazas, exigiendo 48 horas para el pago de cupos; tras el ataque, la Policía reforzó seguridad en puntos críticos de El Porvenir.
El sector transporte público en Trujillo, especialmente la empresa El Cortijo, vuelve a estar en la mira de las organizaciones criminales locales. La noche del miércoles, en el sector Bello Horizonte del distrito de El Porvenir, delincuentes interceptaron un microbús, retuvieron al chofer y le arrebataron documentación esencial del vehículo, incluyendo SOAT, tarjeta de propiedad y documentos personales.
En el video intimidatorio que circuló tras el hecho, los extorsionadores advirtieron: “Esto va dirigido para la empresa de los micros amarillos, El Cortijo… tienen 48 horas para que se alineen con la gente de Gran Chimú y El Porvenir… de lo contrario vamos a topar a algún chofer o unidad…”.
Este suceso se suma a otros ataques con explosivos registrados en enero, cuando un inmenso artefacto detonó en un local de la empresa, causando daños en 14 viviendas aledañas. La escalada de violencia y extorsiones en el transporte urbano ha llegado al punto en que ocho de cada diez empresas en la región operan bajo amenazas, una situación que también llevó a paralizaciones en otras regiones.
Tras el incidente, los transportistas de El Cortijo se reunieron con la Policía, que se comprometió a reforzar la vigilancia en rutas vulnerables y puntos críticos, especialmente en El Porvenir.
Recientemente, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) detuvieron a cuatro presuntos miembros de la banda «Los rápidos de las lineales», vinculados a la retención y amenazas al chofer.
El presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad, Vicente Liñán, alertó que la extorsión a transportistas ha escalado con violencia, incluyendo ataques con explosivos y disparos, exigiendo cobro de cupos de hasta S/ 10,000 mensuales. Ante este panorama, los gremios han urgido al Estado a implementar medidas más drásticas.
Mientras tanto, la Policía Nacional ha iniciado incursiones y operativos para capturar a los responsables y desactivar las amenazas que quiebran la tranquilidad de pasajeros, choferes y vecinos. No obstante, la situación revela una cadena criminal consolidada que sigue poniendo en jaque al sistema de transporte y exigiendo una respuesta integral de todos los niveles del Estado.