Tres funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad son investigados por manipular contrato de S/ 194 millones

Un informe de la Contraloría General de la República revela irregularidades en la adjudicación de la construcción del hospital de Virú, beneficiando a una empresa sin experiencia. Los implicados podrían afrontar delitos de colusión y negociación incompatible.

La Contraloría ha detectado supuestas irregularidades en la licitación de la obra de construcción del hospital provincial de Virú, por un monto de S/ 194 millones. Según el informe de auditoría, los miembros del comité de selección —Walter Zevallos Apolitano, Mario Rodríguez Miranda y Arturo Giles Mendoza— manipularon el proceso, favoreciendo a la empresa adjudicataria LC&EC Constructora, Consultora y Servicios, cuyo principal vínculo corresponde a la empresaria Lucero Coca Condori, de solo 23 años y sin experiencia demostrable en construcción de hospitales.

Entre las irregularidades detectadas está la asignación de cinco puntos extras al consorcio adjudicado en criterios de sostenibilidad ambiental y social, a pesar de no contar con las certificaciones requeridas. Con ello, obtuvo una puntuación total de 100 sobre 100, pese a que la evaluación real correspondía a 95.

Además, los auditores señalan que otra empresa competidora fue descalificada sin fundamento, invalidando su postulación aunque había cumplido con las bases técnicas. Esto dejó como única opción al consorcio de Lucero Coca.

La situación no se limita a este contrato: la misma empresa ya había sido adjudicataria de un segundo proyecto —la habilitación de una carretera entre Trujillo y Huanchaco— por S/ 121,5 millones, el cual fue anulado debido a graves deficiencias en la ejecución y falta de experiencia.

Ante estos hallazgos, la Contraloría recomienda que la Procuraduría Anticorrupción inicie acciones penales contra los funcionarios implicados, por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

Por su parte, la obra del hospital sigue vigente, aunque la empresa adjudicataria enfrentará cuestionamientos, y la opinión pública exige mayor transparencia en las contrataciones públicas.