Alcalde provincial de Trujillo propone un Estado drástico, cárceles más estrictas y autonomía municipal para enfrentar la inseguridad.
El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, cuestionó duramente la efectividad de los estados de emergencia decretados por el Gobierno central en su intento de controlar la criminalidad. A juicio del burgomaestre, estas medidas no han sido más que “un grito desesperado” frente a la falta de institucionalidad y de acciones contundentes frente a la creciente inseguridad.
Durante sus declaraciones, Reyna realizó una crítica histórica, señalando que los actuales “bolsones de informalidad, inseguridad y criminalidad” son parte de una herencia negativa desde la época de la conquista española. “Vinieron con el ánimo de llevarse riquezas a Europa, no de construir una ciudad”, expresó. “Después de la independencia, como Estado, no hemos podido resolver ese legado”.
El alcalde propuso una visión de Estado más firme y con autoridad real que pueda generar temor en los delincuentes. “Para luchar frontalmente contra la criminalidad y obtener resultados necesitamos un Estado fuerte y drástico”, afirmó.
Respecto a la participación de las municipalidades en la lucha contra la delincuencia, Reyna respaldó la idea de otorgar autonomía a los gobiernos locales para equipar a las rondas campesinas, argumentando que “todo suma en esta batalla”.
Sobre el sistema penitenciario, criticó el actual funcionamiento de las cárceles, señalando que se han convertido en “patios de recreo” y “centros de perfeccionamiento para los delincuentes”. Incluso afirmó que algunos criminales se sienten más protegidos dentro de los penales que en libertad.
En esa línea, respaldó la propuesta de privatizar la gestión carcelaria, siempre que sea eficaz. “Necesitamos cárceles donde el delincuente tenga miedo de ingresar, que realice labores para retribuir al Estado, y que no tenga forma de comunicarse con el exterior”, remarcó. Además, apoyó la iniciativa de construir una cárcel en Quiruvilca u otra zona andina de difícil acceso, sin cobertura celular.
Finalmente, Reyna alertó sobre la falta de transparencia en la administración pública, en especial en el manejo penitenciario. Señaló que los designados por autoridades suelen protegerse entre ellos y ocultar irregularidades. “Debería incorporarse el ojo público de la ciudadanía en la gestión carcelaria”, concluyó.