Autoridades y ciudadanos demandan al Gobierno medidas frente a la inseguridad y la derogación del decreto que suspende la minería en Pataz.
El 20 de mayo, autoridades locales, ronderos, organizaciones de base y ciudadanos marcharon por las calles de Trujillo para exigir al Gobierno acciones concretas ante la creciente inseguridad en la región y la derogación del decreto que suspende las actividades mineras en Pataz durante 30 días, además de establecer un toque de queda nocturno.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, advirtió que, de no atenderse estas demandas, se convocarán nuevas protestas. En paralelo, la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Pataz se declaró en «resistencia permanente» y anunció una asamblea para conformar un frente de lucha que coordine un paro indefinido si el Gobierno no deroga el decreto.
Estas movilizaciones se dan en un contexto de violencia en la región, marcado por el asesinato de 13 trabajadores de una empresa minera en Pataz en abril de 2025, presuntamente a manos de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal.
La Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Miguel Rodríguez Díaz, alias «Cuchillo», presunto autor intelectual de estos crímenes, y para su abogada, acusada de facilitar su fuga a Colombia.
La situación refleja la tensión entre la necesidad de garantizar la seguridad y la continuidad de las actividades económicas en la región.