El Ministerio Público abrió investigación contra el exdirector de Sedalib y su gerente de gestión por presuntas irregularidades en la adjudicación de una obra de más de S/ 7 millones y por la crisis que mantiene colapsado el centro histórico de Trujillo.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad inició una investigación preliminar contra el exdirector de Sedalib, Percy Rosario Martel, y su exgerente, Víctor Gutiérrez, por la caótica situación generada en la Avenida España tras el cierre parcial de la vía por obras de saneamiento.
Las pesquisas se centran en presuntos delitos de omisión de funciones, negligencia grave y corrupción en la adjudicación de la obra, la cual fue entregada sin concurso al Consorcio Señor Cautivo de Ayabaca bajo la causal de emergencia, por un monto superior a S/ 7 millones.
De acuerdo con la tesis fiscal, esta adjudicación “a dedo” habría vulnerado la normativa de contratación pública, generando serias dudas sobre la transparencia del proceso y posibles beneficios indebidos para los responsables de la gestión.
Impacto en la ciudadanía
La Fiscalía también investiga la ausencia de un plan de gestión de tránsito, estudio de impacto ambiental y estrategias de comunicación hacia la población, lo que habría agravado los efectos de las obras en el centro histórico de Trujillo.
El caos vehicular, los prolongados tiempos de viaje, el levantamiento de polvo y los malos olores por tuberías expuestas se han convertido en un problema de salud pública. Vecinos y comerciantes han denunciado casos de malestares respiratorios y pérdidas económicas, responsabilizando directamente a los exfuncionarios.
Contexto del caso
La obra en la Av. España forma parte de un proyecto de saneamiento considerado urgente, pero la falta de planificación y la presunta negligencia en la gestión de Sedalib habrían derivado en una crisis urbana que, según la Fiscalía, no es una simple casualidad, sino consecuencia de decisiones negligentes y posibles actos de corrupción.
El proceso legal en curso busca determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales.