El Ministerio Público abrió investigación preliminar por 120 días contra el ex presidente del directorio de Sedalib, tras detectar presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a una empresa creada meses antes.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad inició una investigación preliminar por 120 días contra Percy Ricardo Lucio Rosario Martell, ex presidente del directorio de la empresa de saneamiento Sedalib, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos directos.
La investigación está a cargo de la fiscal Iris del Rocío Bernal Polo, quien busca determinar si existieron irregularidades en la contratación de la empresa Realty CGP SAC, la cual habría recibido varias órdenes de servicio pese a haber sido creada poco tiempo antes.
Contratos bajo sospecha
De acuerdo con la denuncia, la empresa fue constituida el 14 de noviembre de 2024 y, en pocos meses, obtuvo 13 órdenes de servicio entre febrero y julio de 2025, por un monto total de S/ 525,802.
Uno de los aspectos que llama la atención de los investigadores es que el giro comercial declarado por la empresa es alquiler de vehículos, pero fue contratada para realizar mantenimiento de infraestructura, trabajos en plantas de tratamiento y servicios de forestación dentro de la empresa de agua potable.
Además, se indaga un posible vínculo familiar entre la representante legal de la compañía, Rita Mireya Osorio Pretel, y Jhordyn Poma Osorio, gerente de otras empresas que también habrían sido proveedoras de Sedalib.
Delito investigado y diligencias
El Ministerio Público ha tipificado preliminarmente el caso como presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Como parte de las diligencias, la Fiscalía solicitó a Sedalib copias certificadas de todas las órdenes de servicio y compra emitidas a favor de la empresa durante 2025.
Asimismo, se dispuso coordinar con la Contraloría General de la República para verificar si existen investigaciones paralelas, además de tomar la declaración del investigado y de los representantes de la empresa involucrada.
La disposición fiscal también advierte que los funcionarios de Sedalib que no entreguen la documentación requerida podrían ser denunciados por desobediencia a la autoridad.