Informe de control posterior identifica a altos mandos del Gobierno Regional por graves omisiones y direccionamientos en la licitación del Corredor Vial Norte-Oeste. Desde presupuestos con errores hasta la exclusión injustificada de postores, los hallazgos exponen una red de responsabilidades que compromete la integridad del proyecto vial más importante de la provincia.
La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional La Libertad, ha publicado el Informe de Auditoría N° 102-2025-2-5342-AC, donde se detallan escandalosas irregularidades en el «Mejoramiento y Ampliación del Corredor Vial Norte – Oeste», una obra de 9.52 km valorizada en S/ 121,515,740.82. El periodo auditado, del 1 de octubre de 2024 al 28 de mayo de 2025, pone bajo la lupa el accionar de funcionarios clave que habrían vulnerado los principios de legalidad e integridad.
Los «Rostros» de la Responsabilidad: Funcionarios Sindicados
El informe de control posterior identifica individualmente a los servidores públicos que, por acción u omisión, permitieron las deficiencias en el proceso:
- Arturo Adolfo Giles Mendoza (Subgerente de Estudios Definitivos y Miembro del Comité de Selección): Es señalado por elaborar y tramitar el presupuesto de obra en formato editable con errores aritméticos y falta de congruencia con las consultas de los participantes. Además, se le vincula con la elaboración de bases administrativas que no se ajustaban a los estándares legales, incluyendo cláusulas improcedentes.
- Jorge Luis Bringas Maldonado (Gerente Regional de Infraestructura): Sindicado por otorgar conformidad al cronograma de adelanto de materiales sin considerar el calendario real de utilización de recursos. Su decisión permitió desembolsos que no guardaban relación con los gastos programados, afectando la eficiencia de la contratación.
- Ettel Estefani Terán Saucedo (Gerenta Regional de Contrataciones): La auditoría indica que no comunicó oportunamente la existencia de documentación inexacta durante la fiscalización posterior. Esto permitió que el contratista continuara la obra con personal clave que no cumplía los requisitos, tramitando incluso sus valorizaciones.
- Mario Antonio Rodríguez Miranda (Subgerente de Obras y Supervisión): Junto a otros funcionarios, no cauteló que el Consorcio Vías Huanchaco acreditara debidamente a su personal técnico profesional antes del inicio de los trabajos.
- Otros implicados con responsabilidades específicas: El informe también incluye en el pliego de notificaciones y hallazgos a Walter Homero Zevallos Apolitano, Julio Félix Valeriano Murga (Coordinador de Obra), Luis Ángel Vallejos Florián (Inspector) y Dioselinda Elena Polo Tirado (Miembro del Comité de Selección).
Licitación bajo sospecha: Exclusión de postores y bases «a medida»
Uno de los hallazgos más graves es el manejo del Comité de Selección, que incluyó requisitos de la modalidad «llave en mano» en un contrato que no correspondía a dicha naturaleza. Esta «confusión» técnica fue utilizada para no admitir la oferta del Consorcio Vial Virgen de la Puerta, que habría obtenido el mismo puntaje que el ganador si se le hubiera permitido subsanar errores menores.
Asimismo, el presupuesto base publicado difería del presupuesto aprobado debido a errores en el registro de decimales y fórmulas fijas en archivos Excel, lo que alteró las correcciones aritméticas durante la evaluación de ofertas.
Obra sin control: Personal fantasma e inicios apresurados
La Contraloría confirmó que la obra inició formalmente el 22 de marzo de 2025 sin que se hubiera acreditado ni emitido la conformidad del plantel técnico profesional. La validación de estos profesionales ocurrió recién 21 días después de empezados los trabajos, lo que vulnera la seguridad y calidad técnica de la infraestructura.
Además, el área usuaria modificó el requerimiento original, reduciendo de 15 a solo 5 los profesionales considerados como «personal clave», sin contar con el sustento técnico ni la aprobación debida.
Conclusiones y Recomendaciones
El informe concluye que estas acciones afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública y el principio de integridad. La Contraloría ha dispuesto que se inicien las acciones legales y administrativas para sancionar a los involucrados y evitar que estas prácticas sigan desangrando el presupuesto regional de La Libertad.