Director de la UGEL 04, Manuel Benjamín Ruiz Briones, junto a dos funcionarias de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, fue denunciado por presuntamente haber favorecido la formalización irregular de un colegio privado sin cumplir los requisitos legales exigidos por el Ministerio de Educación.
Una grave denuncia por presuntos actos de corrupción e irregularidades en el sector educativo sacude nuevamente a La Libertad. El director de la UGEL 04, Manuel Benjamín Ruiz Briones, y dos funcionarias de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por su presunta participación en la autorización irregular del colegio privado “Hosanna”, ubicado en el distrito de La Esperanza.
Según la denuncia difundida por el portal Pandemonio Perú, el colegio habría sido habilitado sin contar con las condiciones mínimas de infraestructura, seguridad ni licencias de funcionamiento, vulnerando así la normativa del Ministerio de Educación (Minedu). Se acusa además a los funcionarios de haber otorgado un código modular al plantel pese a las observaciones de supervisores técnicos que advirtieron deficiencias graves en sus instalaciones.
El caso apunta directamente al titular de la UGEL 04, Manuel Benjamín Ruiz Briones, y a dos trabajadoras de la GRELL —una especialista en gestión institucional y otra en infraestructura educativa— quienes habrían coordinado internamente la emisión de resoluciones y documentos que permitieron el funcionamiento del colegio fuera del marco legal.
Asimismo, padres de familia y docentes de la jurisdicción han expresado su preocupación por el incremento de centros educativos privados informales que operan sin la debida supervisión del Estado, generando riesgos para cientos de estudiantes.
La Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, mientras que fuentes cercanas confirmaron que la Fiscalía Anticorrupción ya estaría evaluando abrir investigación preliminar contra los involucrados.
De confirmarse los hechos, los funcionarios podrían enfrentar sanciones administrativas y penales por presunto abuso de autoridad, colusión y omisión de funciones, además de afectar la credibilidad del sistema educativo regional.