Empresa con menos de un año de creación recibió 13 órdenes de servicio por más de S/ 525 mil.
La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación en la Empresa Prestadora de Servicios Sedalib S.A., tras detectarse presuntas irregularidades en contrataciones directas por más de medio millón de soles a favor de la empresa Realty CGP, durante la gestión de Percy Rosario Martell como presidente del directorio.
Según los registros, la empresa Realty CGP fue constituida el 14 de noviembre de 2024 y, pese a su corto tiempo de existencia, obtuvo 13 órdenes de servicio entre febrero y julio de 2025, por un total de S/ 525 802. Lo curioso es que su actividad principal declarada es el alquiler de vehículos, aunque también fue contratada para servicios de construcción, mantenimiento de infraestructura y forestación.
La primera factura emitida por la empresa data del 31 de enero de este año, apenas semanas después de haber iniciado operaciones. Sin embargo, para julio ya había acumulado más de medio millón en contrataciones con la empresa estatal de agua potable.
Contratos en tiempo récord
La primera orden de servicio fue emitida el 19 de febrero por S/ 35 450 por concepto de alquiler de vehículos. Luego, en abril, se adjudicaron dos órdenes por S/ 72 394 para mantenimiento de baños y auditorios, así como trabajos en reservorios. En mayo, se emitieron cuatro órdenes que totalizaron S/ 136 933 para obras en plantas de tratamiento, reservorios e instalaciones internas.
En junio, nuevamente se adjudicaron cuatro contratos por S/ 169 084 para alquiler de vehículos y trabajos en Huanchaco y El Tablazo. Finalmente, en julio, dos órdenes adicionales por S/ 85 471 cerraron el ciclo contractual con trabajos de mantenimiento en La Esperanza, Manuel Arévalo y Buenos Aires Sur.
Posibles vínculos familiares
La investigación también apunta a un posible conflicto de interés familiar. Según la SUNAT, la representante legal de Realty CGP es Rita Mireya Osorio Pretel, madre de Jhordyn Poma Osorio, quien figura como gerente de al menos cuatro empresas más (Profesor Topo SAC, Rebel Queen SAC, Nipon Oil Motors y JP Services 360° SAC), todas ellas también proveedoras de Sedalib en procesos recientes.
La revelación de estos nexos ha generado preocupación sobre el uso de empresas vinculadas para fragmentar servicios y acceder a contrataciones directas. La Contraloría evalúa si hubo fraccionamiento de montos o direccionamiento de servicios, lo que podría constituir una falta grave o incluso un delito penal.
Actualmente, las gestiones que aprobaron estos contratos —lideradas por Percy Rosario y el exgerente general Víctor Gutiérrez— están bajo la lupa, mientras crecen los cuestionamientos a la transparencia y legalidad de las contrataciones públicas en Sedalib.