Siete informes de control advirtieron al Gobierno Regional de La Libertad sobre incumplimientos del contratista en la obra educativa ubicada en el distrito de La Esperanza.
La Contraloría General de la República alertó que el Gobierno Regional de La Libertad (GORE) no efectuó el cobro de penalidades al contratista encargado de la reconstrucción de la Institución Educativa José Olaya N.° 80829, ubicada en el distrito de La Esperanza, pese a múltiples incumplimientos advertidos oportunamente durante la ejecución de la obra, valorizada en S/ 55 millones.
Según el Informe de Control Concurrente n.° 001-2026-OCI/5342-SCC, cuyo período de evaluación comprende del 30 de noviembre de 2023 al 25 de noviembre de 2025, la Contraloría emitió siete informes de hito de control en los que se alertaron 14 supuestos de penalidad que no fueron considerados en la liquidación del contrato ni en las retenciones económicas correspondientes.
Entre las principales observaciones se encuentran deficiencias constructivas y de materiales, incumplimiento en la permanencia del plantel técnico, ausencia de personal en obra, falta de equipos de protección personal, así como deficiencias en la seguridad y señalización del proyecto.
Asimismo, el informe detalla que el contratista ejecutó partidas sin respetar lo establecido en el expediente técnico, presentando trabajos con deficiencias. Aunque algunas de estas observaciones fueron subsanadas sin generar costos adicionales para la entidad, la normativa establece que la corrección no exime la aplicación de penalidades por cada incumplimiento detectado.
La Contraloría también advirtió que tanto los coordinadores de obra del Gobierno Regional, como la empresa supervisora, contratada por S/ 3.7 millones, no realizaron el cálculo ni recomendaron el cobro de las penalidades identificadas, lo que permitió que el contratista quede exento del pago correspondiente.
El informe fue comunicado a la gobernadora regional de La Libertad, a fin de que adopte las acciones correctivas necesarias, las cuales deberán ser informadas a la Contraloría dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.