El Jurado Electoral Especial de Pacasmayo concluyó que Rospigliosi, junto con otros dos funcionarios, permitió que se utilice una videocámara institucional del Parlamento para fines proselitistas durante un evento de Fuerza Popular, en violación del principio de neutralidad electoral.
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo resolvió que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, así como otros dos trabajadores parlamentarios, vulneraron el deber de neutralidad al autorizar o permitir el uso de una videocámara del Congreso en un mitin de Keiko Fujimori, según la Resolución N° 00133-2025-JEE-PCYO/JNE.
Detalles del incidente
- El hecho ocurrió el 30 de octubre de 2025, durante un acto político en Huanchaco (Trujillo), donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial.
- La cámara utilizada tiene el código de inventario 29459, lo que confirma que es un bien institucional del Parlamento.
- En el JEE se estableció que Rospigliosi tenía la responsabilidad de custodiar los bienes estatales y garantizar que no se usen para fines partidarios, algo que no habría cumplido.
Responsables y omisión
Además de Rospigliosi, el JEE atribuyó responsabilidad a otros dos servidores:
- Daniel Constantino Luza Amésquita, de la Oficina de Participación Ciudadana, quien fue quien utilizó la cámara para grabar el evento. En su descargo argumentó que fue un error involuntario, pues según él confundió el equipo institucional con uno personal. Sin embargo, el JEE desestimó este argumento.
- Jaime Abensur Pinasco, director general parlamentario y encargado de la Oficialía Mayor en esa fecha. Se le atribuye una omisión funcional, ya que no tomó las medidas necesarias para evitar que el equipo institucional saliera para un uso partidario.
Por otro lado, el oficial mayor titular, Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez, fue exonerado por el JEE porque en la fecha del incidente estaba con licencia y había delegado sus funciones formalmente.
Consecuencias y sanciones
- El JEE ordenó remitir las actuaciones del expediente al Ministerio Público, a la Contraloría General y al Congreso, para que evalúen posibles responsabilidades penales o administrativas.
- En su defensa, Rospigliosi pidió que se archive el proceso y dijo que no existe evidencia que demuestre que él autorizó el uso de la cámara ni que haya buscado favorecer políticamente a Fuerza Popular.
- Su argumento central es que el control operativo recae en la Oficialía Mayor y que su papel no fue “actuar” para favorecer a un partido, sino que ocurrió por negligencia de otros funcionarios.
- Además, se habla de una posible moción de censura en su contra por parte de otros congresistas que consideran que el uso de bienes públicos en un acto partidario es una falta grave.
Evaluación más amplia
Organismos como la Federación de Periodistas del Perú han calificado este hecho como una “grave acción” y han exigido que Rospigliosi rinda cuentas por permitir que recursos del Estado se utilicen para actividades políticas.