Estudio también revela que ciudadanos exigen mayor control sobre actividad minera informal y rechazan inseguridad ciudadana.
Una reciente encuesta de Ipsos revela que el 81 % de peruanos considera que la minería ilegal constituye una amenaza directa para la seguridad nacional. De igual manera, la misma proporción de ciudadanos expresó la necesidad de reemplazar el actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un sistema más efectivo de control y fiscalización.
El estudio también indica que el 43 % de la población cree que la actividad minera debe continuar, pero con mayores estándares de seguridad, mientras que el 28 % considera que solo las empresas mineras formales deberían seguir operando y que la minería informal debería ser suspendida.
En cuanto a la percepción de los responsables por los recientes hechos de violencia en Pataz, un 31 % de los encuestados señaló a los mineros ilegales como los principales responsables, mientras que un 47 % responsabiliza al gobierno central y un 30 % al Congreso de la República.
Estas cifras se difundieron en el marco del paro nacional contra la inseguridad ciudadana, convocado por organizaciones sociales y gremios que demandan medidas más eficaces contra el crimen organizado. En Trujillo, docentes del SUTEP La Libertad participaron en una movilización para denunciar la inseguridad que enfrentan, indicando incluso que algunos profesores se ven obligados a pagar “cupos”.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Trujillo, Hermes Sifuentes, anunció que los estudiantes de esa casa de estudios saldrán en protesta este viernes, en una movilización pacífica “en defensa de la paz y la no violencia”.
Estas manifestaciones coinciden con la reciente renuncia del expresidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, motivada por cuestionamientos sobre su manejo en temas de seguridad y su respuesta ante el secuestro y posterior asesinato de 13 trabajadores en Pataz.