La investigación preparatoria alcanza a Mario Reyna Rodríguez, actual alcalde provincial, y a Diana Tello Murrugarra, regidora de Moche, junto a exfuncionarios y empresas contratistas, por presunto delito de negociación incompatible en la gestión 2019-2022.
El Quinto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad formalizó investigación preparatoria contra el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez; la primera regidora de Moche, Diana Tello Murrugarra; y un grupo de exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Moche (MDM), por el presunto delito de negociación incompatible en contratos suscritos entre los años 2019 y 2022.
El caso se remonta a la gestión del entonces alcalde de Moche, Arturo Fernández Bazán, hoy vacado de la alcaldía de Trujillo. Según la carpeta fiscal N.° 2306015500-2023-448-0, figuran como presuntos autores Diana Tello Murrugarra, Modesto Vásquez Morales, Alika Maribel Pereyra, Ruby Ester Cruz Alfaro, Regina Marlene Espinoza Ramos, Carlos Armando Alcalde Castillo, Alejandra Saldariaga Urquiso y Marco Antonio Sánchez Romer.
En calidad de presuntos cómplices fueron incluidos Mario Colberth Reyna Rodríguez (actual alcalde de Trujillo), Olga Elizabeth León Rudas, Aan Damián Alcántara Medina, Elizabeth Medina Velásquez y Sujey del Rocío Reyna Rodríguez.
Por otro lado, quedaron excluidos de la investigación Alexis Larriviere Castro y Milagros Nery Villais, al no encontrarse indicios de participación en el presunto direccionamiento de adquisiciones municipales.
La denuncia fue presentada en agosto de 2023 por Sergio Bobadilla Centurión, personaje vinculado a Arturo Fernández. El proceso también involucra a seis empresas contratistas: Alberth & Marshall Consulting E.I.R.L., American Supplies S.A.C., Odisea Perú S.A.C., Alessa Catering E.I.R.L., Empresa de Servicios Complementarios Trujillo E.I.R.L. y Servicios Complementarios American Services S.A.C.
El 14 de junio de 2024, la Fiscalía levantó la reserva de la investigación y notificó formalmente a los funcionarios y empresarios implicados. Debido a su magnitud, el caso fue declarado complejo, por lo que las diligencias se extenderán por un periodo inicial de ocho meses. En este tiempo se prevé recoger declaraciones, practicar pericias y reunir documentación probatoria.
Los investigados han sido citados para rendir su manifestación en las próximas semanas como parte de la etapa preparatoria.