La comunidad minera de Llacuabamba, en Pataz, exige respeto a sus derechos colectivos y rechaza cualquier intento de detener sus operaciones, las cuales consideran claves para la estabilidad económica y social del distrito.
La Comunidad Campesina Llacuabamba, ubicada en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz (La Libertad), se pronunció oficialmente en rechazo a cualquier intento de paralizar las actividades mineras desarrolladas en su territorio comunal. Mediante un comunicado difundido este jueves, las autoridades comunales señalaron que tales medidas afectarían gravemente la economía local y la estabilidad social de su población.
“Rechazamos enérgicamente toda medida o intento de paralización de las actividades mineras que se desarrollan en nuestro territorio comunal”, señala el comunicado firmado por el presidente de la comunidad, José Loyer Samisteban Sevillano.
La comunidad recordó que es una entidad minera formalmente reconocida, con autorización vigente para operar, amparada por la Resolución Ejecutiva Regional N.° 1961-2015-GRLL/GOB. Además, cuentan con un contrato de explotación suscrito con la empresa Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA), cumpliendo con los requisitos legales, ambientales y sociales exigidos por las normas nacionales.
Según el documento, la minería representa la principal fuente de ingresos y empleo digno para más de 1,450 comuneros organizados, además de contribuir al desarrollo local y regional. Por ello, cualquier acción que busque frenar estas actividades “vulnera derechos legítimos y afecta la paz social” en la zona.
La comunidad también hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales a garantizar la continuidad de las operaciones mineras, invocando el respeto al diálogo y la legalidad como vías fundamentales para mantener el orden público y la seguridad en la región.
Finalmente, advirtieron que, si bien están dispuestos al diálogo, tomarán acciones legales en defensa de sus derechos y el desarrollo sostenible de la comunidad.
