El gobernador regional informó de un nuevo permiso del 29 de julio al 9 de agosto, lo que eleva su ausencia total a más de 130 días desde el inicio de su gestión, en un contexto de violencia creciente y demandas ciudadanas.
En medio de una profunda preocupación ciudadana por la inseguridad y la falta de avances en obras públicas, el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, solicitó una nueva licencia por vacaciones que se desarrollará entre el 29 de julio al 9 de agosto de 2025. Esta decisión fue comunicada mediante el Oficio N.º 001704‑2025‑GRLL‑GOB a la presidenta del Consejo Regional, Tania Lorena Carranza Blas.
Esta ausencia se suma a un historial que supera los 130 días fuera del cargo entre licencias, viajes y vacaciones desde 2023, aproximadamente el 30 % del periodo que lleva al mando la región. En el presente año, Acuña ya cumplió periodos vacacionales del 6 al 15 de marzo y del 29 de mayo al 7 de junio, luego de un polémico viaje a Europa que coincidió con una grave crisis por inseguridad en Pataz, donde quedaron 13 mineros asesinados.
El consejero regional por Trujillo, Robert de la Cruz Rosas, expresó su indignación por la nueva ausencia. Lo calificó como una “falta de compromiso y respeto al pueblo que lo eligió”, afirmando que Acuña actúa como si la región fuera “su chacra, su universidad, su partido”.
Además, el consejero denunció que el Consejo Regional ha sido cooptado por Alianza para el Progreso y que, a pesar de estas ausencias prolongadas, no se ha propuesto una vacancia pese al deterioro institucional que generaría el ausentismo prolongado.
Defensa oficial: Desde la autoridad regional se argumenta que todas las licencias se otorgaron conforme a la ley y que Acuña tiene derecho al descanso acumulado como cualquier funcionario público. Se remarcó que la región cuenta con un organismo suplente institucional y que se han seguido los procedimientos correspondientes de notificación y reemplazo legal.
Situación crítica: La nueva ausencia coincide con un aumento alarmante de la violencia en Trujillo y provincias como Pataz, donde se denuncian extorsiones, asesinatos y ataques con explosivos. Asimismo, no existen avances visibles en proyectos de seguridad y obras pendientes como parte de su gestión.
En respuesta a las críticas, el Gobierno Regional divulgó un video institucional indicando: “Ya se invirtieron S/ 50 millones en seguridad”, deslindando responsabilidad operativa directa de las acciones policiales. Sin embargo, la publicación fue recibida con rechazo por buena parte de la ciudadanía, que exige resultados concretos.