El Poder Judicial ha dispuesto la suspensión temporal de Patricia Benavides como fiscal suprema y de la Nación por 24 meses, en medio de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
El Poder Judicial ha ordenado la suspensión temporal por 24 meses de Patricia Benavides, quien ejercía como fiscal suprema y Fiscal de la Nación, en respuesta al requerimiento del Ministerio Público, que la investiga por presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal.
El juez supremo de investigación preparatoria, Segismundo León Velasco, adoptó la medida ante riesgo de que Benavides pudiera interferir en la administración de justicia o afectar la objetividad de procesos penales.La decisión impide que retome sus funciones como titular del Ministerio Público durante los próximos dos años, aun cuando esté en curso la apelación de su defensa .
Este fallo se da en el marco de la investigación por los presuntos vínculos de Benavides con la controversia de los “Cuellos Blancos del Puerto”, un caso de corrupción en la fiscalía que ha sacudido a las instancias del sistema judicial.
Anteriormente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) intentó reinstalarla como fiscal de la Nación tras su destitución en mayo de 2024, lo que desató una tensa confrontación institucional y fue calificado como un posible “golpe a la democracia” por sectores del Ministerio Público y organizaciones civiles.
Durante el evento, Patricia Benavides presentó una apelación, señalando que aún no había asumido el cargo de forma efectiva, por lo que consideró inválida la suspensión. Sin embargo, esta postura fue rechazada por el juez a cargo del proceso.
En paralelo, la fiscal de la Nación actual, Delia Espinoza, ha interpuesto una demanda de amparo frente a la JNJ para resguardar la integridad del Ministerio Público y evitar posibles intentos de reingreso de Benavides a través del uso de la fuerza.
Con esta medida, el sistema judicial busca garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento de las investigaciones en curso, protegiendo la independencia institucional y la credibilidad del Ministerio Público.