El organismo de control identificó presunta responsabilidad civil en nueve funcionarios por el pago de incrementos salariales a personal directivo y de confianza entre 2017 y 2018, durante la gestión municipal 2015-2018.
La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 245.490 en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por el pago de incrementos remunerativos a funcionarios y servidores que ocupaban cargos de dirección o confianza, pese a que estos beneficios provenían de convenios colectivos que no les correspondían.
Los hechos fueron identificados en el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 040-2026-2-0424-AC, que evaluó el período comprendido entre enero de 2017 y julio de 2018, durante la gestión municipal 2015-2018.
Según el organismo de control, la municipalidad extendió al personal directivo y de confianza beneficios económicos derivados de acuerdos colectivos suscritos con el Sindicato de Empleados Municipales de Trujillo (SEMUT), pese a que la normativa vigente excluía a estos trabajadores del ámbito de la negociación colectiva.
Pagos superaron los S/ 245 mil
La comisión auditora determinó que los desembolsos observados se distribuyeron de la siguiente manera:
- 2017: S/ 162.580.
- Enero a julio de 2018: S/ 82.910.
- Total observado: S/ 245.490.
Los montos fueron incorporados en las planillas de remuneraciones como incrementos obtenidos mediante convenios colectivos destinados a los trabajadores comprendidos en dichos acuerdos.
La Contraloría concluyó que los funcionarios encargados de la gestión, certificación presupuestal, tramitación, autorización y pago de las planillas permitieron que personal de confianza y directivos percibieran montos superiores a los que legalmente les correspondían.
Nueve funcionarios con presunta responsabilidad civil
El informe identificó presunta responsabilidad civil en nueve funcionarios comprendidos en los hechos observados, al considerar que las actuaciones examinadas ocasionaron una afectación económica a los recursos públicos de la comuna.
De acuerdo con el documento, los comentarios y descargos presentados por los involucrados no desvirtuaron las observaciones formuladas por la comisión auditora.
Como parte de las acciones posteriores, la Contraloría remitió el informe a su Procuraduría Pública para que se evalúe e impulse el inicio de las acciones civiles correspondientes contra los funcionarios comprendidos en la observación.
Asimismo, recomendó a la Municipalidad Provincial de Trujillo adoptar medidas administrativas e implementar mecanismos de control para prevenir el otorgamiento de beneficios económicos que no se encuentren contemplados en la normativa vigente.
La identificación de presunta responsabilidad civil no constituye, por sí sola, una sentencia judicial ni determina automáticamente la responsabilidad definitiva de los involucrados.