Summa Gold Corporation denunció penalmente a dos personas por presunta usurpación agravada y estelionato. La empresa sostiene que los terrenos fueron adquiridos legalmente y que estarían siendo ofrecidos a terceros por montos de hasta S/30 mil.
Una denuncia por la presunta apropiación y venta ilegal de terrenos privados ha generado preocupación en Shiracmaca, caserío de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. La empresa Summa Gold Corporation sostiene que personas presuntamente vinculadas a actividades de minería ilegal estarían ofreciendo lotes de un predio que, según documentación de la compañía, fue adquirido legalmente.
De acuerdo con la denuncia, los terrenos habrían sido ofertados a interesados por montos que oscilan entre S/20 mil y S/30 mil. Incluso se habría difundido una convocatoria a través de un medio local para captar compradores.
La situación se produjo luego de que la empresa cercara recientemente parte del terreno con el objetivo de impedir que sea utilizado para actividades extractivas clandestinas que, según sostiene, se habrían desarrollado anteriormente en la zona.
Denuncian a dos personas por usurpación y estelionato
Según la versión de Summa Gold, el último sábado Gilberto Carranza acudió al lugar acompañado de Sergio Moreno, un hombre de avanzada edad que asegura ser propietario del predio.
La empresa sostiene que ambos habrían presentado documentos con los que pretendían acreditar la propiedad del terreno y posteriormente transferir los lotes a terceros.
Ante estos hechos, la compañía anunció la presentación de una denuncia penal contra ambos por los presuntos delitos de estelionato y usurpación agravada.
“Lo que han pretendido hacer es un delito grave”, señaló Miguel Reyes Arrese, representante legal de Summa Gold Corporation, quien afirmó que los involucrados deberán responder ante la justicia si se acredita su responsabilidad.
Empresa sostiene que terrenos fueron adquiridos legalmente
Summa Gold asegura que el predio pertenecía inicialmente a varios hermanos y que posteriormente fue adquirido mediante un proceso de compraventa que, según la empresa, fue formalizado ante notaría.
La compañía afirma que los pagos a los antiguos propietarios se realizaron mediante el sistema financiero y que cuenta con documentación que respaldaría la operación.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el reclamo de Sergio Moreno, quien públicamente ha manifestado que continuará defendiendo lo que considera su propiedad.
Sin embargo, la empresa sostiene que Moreno habría participado en el proceso de transferencia del predio y que incluso recibió el monto que le correspondía como parte de la operación.
¿Qué sostiene la empresa sobre Sergio Moreno?
Según Reyes Arrese, la compraventa se concretó después de que Camila Moreno, hermana de Sergio Moreno, presentara un poder suscrito por los ocho hermanos que figuraban como herederos.
El representante legal de Summa Gold afirmó que a Sergio Moreno se le habría depositado aproximadamente S/26 mil, correspondiente al porcentaje que le correspondía en la operación.
La empresa también sostiene que la partida registral presentada por Moreno correspondería a la propiedad original de su padre, quien posteriormente habría dejado el terreno en herencia a sus hijos. Estos, según la versión empresarial, finalmente habrían transferido la propiedad a Summa Gold.
Investigan posible vínculo con minería ilegal
Otro de los aspectos que forma parte de la controversia es el presunto vínculo de algunas de las personas involucradas con actividades de minería ilegal en la zona.
La empresa sostiene que existen antecedentes de intervenciones policiales y fiscales, además de actas e incautaciones relacionadas con actividades extractivas ilegales que se habrían desarrollado anteriormente dentro del predio.
Asimismo, Summa Gold afirma que se investiga la posibilidad de que terceros vinculados a estas actividades hayan financiado o impulsado el reclamo sobre los terrenos con la finalidad de mantener operaciones clandestinas en el sector.
Por ahora, corresponde a las autoridades determinar la validez de los documentos presentados por las partes y establecer si existieron delitos en la presunta oferta y venta de los terrenos.