Ambas instituciones supervisaron las acciones implementadas en el Centro Juvenil de Trujillo, donde se revisan condiciones de atención, derechos fundamentales y medidas de mejora ante el incremento de población y la situación de los internos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), junto a la Defensoría del Pueblo, realizaron una evaluación conjunta sobre las medidas adoptadas en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, en la región La Libertad.
Durante la reunión, representantes del sector Justicia expusieron las acciones implementadas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley penal que permanecen internados en dicho establecimiento.
Asimismo, se informó sobre la evaluación de posibles traslados hacia otros centros juveniles con mayor capacidad de albergue, considerando criterios de distancia, operatividad y condiciones de infraestructura de cada establecimiento a nivel nacional.
Las autoridades también señalaron que se vienen coordinando acciones con el Poder Judicial, especialmente con los juzgados de familia, para evaluar la variación de medidas socioeducativas cuando corresponda, así como la implementación de medidas en medio abierto a través del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA).
En el marco de estas acciones, el PRONACEJ informó que ya se han presentado expedientes ante órganos jurisdiccionales de familia para su evaluación, con el objetivo de optimizar la gestión del sistema de reinserción social juvenil.
Además, se indicó que la entidad viene elaborando un plan de contingencia y una propuesta de modificación normativa orientada a enfrentar el incremento de la población en los centros juveniles, así como las condiciones de hacinamiento que afectan a varios establecimientos del país.
Como resultado de la reunión, el MINJUSDH y la Defensoría del Pueblo acordaron conformar una mesa de trabajo conjunta, con participación del Poder Judicial y el Ministerio Público, a fin de diseñar soluciones integrales frente a la situación del sistema de reinserción social de adolescentes.