Informe advierte que ocho servidores fueron nombrados en cargos directivos sin cumplir requisitos mínimos establecidos por ley.
La Contraloría General de la República concluyó que la actual gestión de la Universidad Nacional de Trujillo designó y encargó funciones directivas a ocho servidores que no cumplían con el perfil mínimo requerido para los cargos, situación que derivó en la identificación de presuntas responsabilidades penales y administrativas funcionales.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 021-2026-2-0222-SCE, las irregularidades ocurrieron entre marzo de 2025 y febrero de 2026 e involucran a autoridades universitarias, integrantes del Consejo Universitario y funcionarios de la casa superior de estudios.
Según la Contraloría, los cargos observados corresponden a puestos como director general de Administración, jefe de Recursos Humanos, jefe de Presupuesto, jefe de Redes y Plataforma UNT Virtual, entre otros. Además, los propios servidores que aceptaron dichas designaciones también tendrían presunta responsabilidad por asumir funciones sin cumplir los requisitos establecidos.
El organismo de control señaló que las autoridades universitarias aprobaron y ejecutaron estas designaciones sin verificar el cumplimiento de los criterios mínimos contenidos en el Manual de Clasificación de Cargos (MCC) 2021 y en la normativa vinculada al procedimiento de designación de funcionarios públicos.
Asimismo, el informe advierte que en enero de 2026 el rectorado aprobó un nuevo Manual de Clasificación de Cargos con exigencias menores a las contempladas en la normativa anterior, reduciendo los estándares de idoneidad y vulnerando principios de meritocracia y legalidad en el acceso a cargos públicos.
La Contraloría también observó que coexistieron dos manuales de clasificación sin derogación expresa, situación que generó inseguridad jurídica y afectó la eficacia administrativa dentro de la universidad.
Entre los casos detectados figura la encargatura del cargo de director general de Administración a un servidor que previamente había sido trasladado desde una plaza de asistente administrativo, sin contar con el informe técnico de Recursos Humanos que acreditara el cumplimiento del perfil requerido.
Ante ello, la Contraloría concluyó que se vulneró el procedimiento de designación de funcionarios y se debilitó el servicio civil meritocrático, por lo que el informe fue remitido a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales correspondientes.