Nuevo decreto reduce requisitos para obtener la constancia de posesión, documento clave para acceder a agua, luz y desagüe, beneficiando a familias en proceso de formalización.
El Gobierno peruano aprobó nuevas medidas para facilitar la formalización de predios informales y mejorar el acceso a servicios básicos. A través del Decreto Supremo N.° 006-2026-VIVIENDA, se modificaron disposiciones del reglamento de la Ley N.° 28687, reduciendo requisitos y simplificando el trámite para obtener la constancia de posesión que otorgan las municipalidades.
La norma, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de abril de 2026, busca beneficiar a miles de familias que actualmente no cuentan con título de propiedad, pero necesitan este documento para gestionar servicios como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.
Menos requisitos y trámites más ágiles
Entre los principales cambios, se elimina la exigencia de presentar copia del DNI, en línea con las políticas de simplificación administrativa. Desde ahora, los ciudadanos deberán presentar únicamente tres requisitos básicos:
- Solicitud simple con datos personales
- Plano de ubicación del predio
- Acta de verificación de posesión emitida por la municipalidad o acta policial firmada por colindantes
Asimismo, se estableció que podrán acceder a este proceso los predios ocupados hasta el 31 de diciembre de 2021, ampliando el alcance de la formalización.
Documento clave para servicios básicos
La constancia de posesión es fundamental para que las familias puedan iniciar gestiones ante empresas prestadoras de servicios públicos. Si bien no otorga propiedad legal, sí acredita la ocupación del predio y permite avanzar en el acceso a servicios esenciales.
Además, la norma precisa que este documento tendrá vigencia hasta que se concrete la instalación efectiva de los servicios básicos en el inmueble.
Enfoque en reducir la informalidad
Con esta medida, el Ejecutivo —a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento— busca cerrar brechas en infraestructura y promover el acceso a vivienda digna, especialmente en sectores de menores recursos.
La simplificación del trámite apunta a reducir barreras burocráticas y acelerar procesos que, en muchos casos, limitaban el acceso de las familias a condiciones básicas de habitabilidad.