El decreto 340/2025 establece nuevos mínimos obligatorios de funcionamiento en caso de paro sindical y amplía el listado de actividades consideradas esenciales. Diversos gremios manifestaron su rechazo.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, el Gobierno nacional introdujo cambios significativos en la regulación del derecho a huelga, al ampliar el listado de servicios considerados esenciales y establecer niveles mínimos obligatorios de funcionamiento durante conflictos sindicales.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei y varios ministros del gabinete nacional, fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Según el artículo 3 del decreto, en los servicios esenciales no se podrá negociar una cobertura menor al 75% de la actividad habitual, mientras que en aquellos considerados de «importancia trascendental», el mínimo exigido será del 50%.
Entre los servicios que ahora se consideran esenciales se incluyen, además de los ya establecidos como salud y energía, nuevas áreas como el transporte de medicamentos, servicios farmacéuticos, telecomunicaciones, educación inicial y primaria, y el transporte marítimo y fluvial. También se suman servicios vinculados al comercio exterior y operaciones portuarias, entre otros.
La medida fue justificada en el marco de una política de desregulación más amplia, particularmente en sectores estratégicos como el transporte y la marina mercante.
Sin embargo, el anuncio generó un fuerte rechazo por parte de centrales sindicales. La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció que la iniciativa “intenta suprimir el derecho a huelga sin debate ni análisis previo” y advirtió que la ampliación del concepto de servicio esencial “restringe el ejercicio de un derecho constitucional”.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también se expresó en contra del DNU, al que calificó como una amenaza a la industria nacional y la soberanía. Señaló además que las medidas de desregulación en el sector aeronáutico comprometen la seguridad y los estándares laborales.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que se trata de un decreto “a pedido de las grandes empresas”, y advirtió que exigir el 75% de cobertura durante una huelga “vacía de contenido” el derecho a la protesta.
Los cuestionamientos sindicales también hicieron referencia a posibles violaciones a normas constitucionales y convenios internacionales en materia de libertad sindical.