La entidad tributaria busca frenar la evasión y el lavado de activos en más de 350 plantas de procesamiento vinculadas a la minería ilegal e informal.
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) anunció un plan de control especial para fiscalizar las plantas de procesamiento de oro que operan en regiones mineras como La Libertad, donde se concentra gran parte de la producción proveniente de la minería artesanal, informal e ilegal.
La superintendenta Marilú Llerena informó que se implementará un modelo de fiscalización inteligente, que combina vigilancia presencial y trazabilidad digital de la producción minera, con el fin de detectar inconsistencias tributarias y frenar el lavado de activos en este sector.
“Cuando analizamos todo este circuito, hay un actor clave: las plantas de procesamiento, principalmente las que no están integradas a la extracción. Tenemos más de 350 plantas donde converge la producción de la minería artesanal, informal e ilegal. La estrategia es reforzar los controles en esas plantas”, explicó Llerena.
Fiscalización cruzada
SUNAT cruzará la información de las declaraciones de producción reportadas al Ministerio de Energía y Minas con las estadísticas tributarias y aduaneras, para identificar irregularidades en los volúmenes de venta y transporte de mineral.
El objetivo es romper la cadena de comercialización ilegal y cerrar los espacios por donde el oro sin trazabilidad ingresa al circuito formal.
Según el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), estas plantas son el eslabón más vulnerable de la cadena, ya que en ellas se “blanquea” el mineral extraído de forma ilícita. El abogado ambientalista César Ipenza destacó que la intervención de la SUNAT debe ir acompañada del trabajo coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Ministerio Público para seguir el rastro del dinero.
En el norte: focos críticos en Pataz, Otuzco y Santiago de Chuco
En La Libertad, las provincias de Pataz, Otuzco y Santiago de Chuco concentran la mayor cantidad de plantas ilegales de procesamiento de oro, muchas de ellas en zonas como Tayabamba, Parcoy, Quiruvilca, la cuenca alta del río Moche y el cerro El Toro (Huamachuco).
Fuentes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y del OEFA estiman que existen más de 50 plantas clandestinas activas o reubicadas recientemente tras operativos policiales.
Estas plantas utilizan mercurio y cianuro sin control, contaminando quebradas y ríos como el Moche, cuyas aguas —según estudios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)— presentan niveles alarmantes de arsénico, plomo y mercurio.
Conexiones criminales y poder local
La minería ilegal en Pataz ha derivado en una red criminal compleja, donde grupos armados y empresas fachada controlan la producción y comercialización del oro.
La Policía Nacional ha vinculado estas estructuras con redes de tráfico de armas, extorsión y sicariato. En distritos como Parcoy, la FEMA ha identificado más de 20 plantas ilegales, cada una capaz de procesar hasta 100 toneladas de mineral por día. El oro obtenido termina vendido como “legal” en Lima o incluso exportado.
Pese a más de 60 operativos del OEFA y la FEMA en los últimos tres años, muchas plantas son reabiertas o reubicadas en pocos días. En algunos casos, exalcaldes y dirigentes locales han sido denunciados por proteger estas actividades, mientras organizaciones civiles exigen mayor transparencia y sanciones efectivas.
Un desafío institucional
El control fiscal y ambiental de la minería ilegal en La Libertad exige coordinación interinstitucional entre la SUNAT, el Minem, el OEFA, la PNP y el Ministerio Público.
Mientras tanto, la contaminación y la economía subterránea siguen avanzando, dejando a comunidades rurales atrapadas entre la pobreza y las mafias del oro.