Expertos advierten que la medida prolongaría el desorden en la minería artesanal, favorecería la violencia y afectaría la competitividad del país.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá este viernes el predictamen que propone ampliar hasta diciembre de 2026 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y reincorporar a unos 50 000 mineros excluidos del padrón. Sin embargo, la iniciativa ha despertado críticas desde distintos sectores por considerarse un retroceso en la lucha contra la minería ilegal.
El Reinfo fue creado en 2017 como un mecanismo temporal para que los pequeños productores y mineros artesanales en proceso de formalización puedan operar mientras regularizan su situación. No obstante, con el paso de los años, el sistema se ha convertido —según especialistas— en una herramienta que ha protegido la informalidad y debilitado la fiscalización ambiental y tributaria.
“Un esquema de impunidad”
Para Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), la nueva prórroga no solo prolongaría un régimen ineficaz, sino que además beneficiaría directamente a operadores ilegales.
“Estamos a pocos meses de una campaña política, y el Congreso no dice nada sobre la ley MAPE que está detenida. En cambio, busca extender un sistema que ha servido de refugio para la ilegalidad”, señaló Garay en una entrevista con una emisora de Cajamarca.
Garay recordó que, en los últimos años, el Parlamento “no ha legislado contra la minería ilegal, sino que ha favorecido el desorden mediante acuerdos con gremios informales”, lo que —a su juicio— genera desconfianza en los inversionistas y pone en riesgo el desarrollo de la minería responsable.
Impacto económico y ambiental
Desde una perspectiva económica, Carlos Gallardo, investigador del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió que la ampliación del Reinfo representa una amenaza directa para la competitividad minera del Perú, al mantener vigente un entorno de impunidad, criminalidad y violencia.
“Hay bastante consenso en que el Reinfo es un régimen que permite la impunidad para las actividades ilegales. Perjudica al minero artesanal formal, al someterlo a una situación de incertidumbre que nunca termina”, explicó Gallardo.
El economista precisó que la expansión de la minería ilegal frena grandes proyectos como Los Chankas, Michiquillay y Haquira, que en conjunto superan los 7 000 millones de dólares en inversión, debido a invasiones de concesiones y conflictos territoriales.
“Extender el Reinfo es aceptar que va a continuar el impacto ambiental causado por el mercurio y la deforestación. Eso tiene consecuencias graves en la salud de las personas y en los ecosistemas”, agregó.
Riesgos de violencia y pérdida de control
De acuerdo con ambos especialistas, la persistencia del Reinfo ha propiciado el crecimiento del crimen organizado vinculado a la minería ilegal, un fenómeno que se ha expandido desde Madre de Dios hasta regiones como Cajamarca, Áncash, Piura y La Libertad.
La violencia generada por estas redes no solo se traduce en enfrentamientos por control de zonas auríferas, sino también en extorsiones, trata de personas y daños irreversibles al ambiente.
Falta de voluntad política
Garay remarcó que la falta de decisión política es el principal obstáculo para resolver la informalidad minera. “El Congreso ha tenido años para establecer una ruta clara de formalización, pero ha preferido extender plazos sin resultados. El Reinfo ya no funciona, se ha convertido en un símbolo del descontrol”, enfatizó.
Una encrucijada para el país
Con el debate programado en la Comisión de Energía y Minas, la discusión sobre la ampliación del Reinfo coloca nuevamente en el centro la tensión entre la formalización real y la tolerancia política hacia la ilegalidad.
De aprobarse la medida, el Perú mantendría por más de una década un régimen que nació temporal, pero que hoy sigue sin resolver los problemas de fondo: la falta de fiscalización efectiva, el impacto ambiental creciente y la inseguridad generada por las mafias mineras.