Irregularidades en el servicio de alimentación del INPE en El Milagro habrían beneficiado a empresa contratista, según auditoría
Una auditoría de la Contraloría General en los penales de Trujillo ha identificado deficiencias graves en la prestación del servicio de alimentación que habrían generado un perjuicio económico superior a S/ 250,000.
Hallazgos clave de la auditoría
- La Contraloría revisó el contrato del servicio alimentario entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022 en los penales de varones y mujeres de El Milagro, además de otro centro penitenciario en Pacasmayo.
- Se detectó que la empresa contratista (Dayann Brigh E.I.R.L.) ingresó personal clave adicional y de reemplazo sin acreditar la formación académica, capacitación o experiencia requerida, como exigía el contrato.
- Además, la supervisión no verificó adecuadamente la documentación ni el cumplimiento de los requisitos del personal, lo que vulnera los controles del INPE.
- La empresa contratista cobró aproximadamente S/ 11.8 millones por el servicio de alimentación en los tres penales.
Repercusiones para el INPE y posibles responsabilidades
La Contraloría remitió su informe a la Oficina Regional Norte del INPE para que tome acciones correctivas. También se reporta a las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales entre los colaboradores implicados.
Este tipo de hallazgos pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema penitenciario ante irregularidades en contratos de servicios esenciales, como el alimentario. Además, refleja debilidades en la supervisión y el control interno del INPE.
Contexto institucional más amplio
- Esta auditoría forma parte de un esfuerzo más grande de la Contraloría para vigilar la gestión de recursos en instituciones penitenciarias.
- Estas detecciones coinciden con otras irregularidades identificadas por la Contraloría en la región La Libertad, que alcanzaron montos importantes en perjuicio económico.
- En paralelo, la Contraloría también ha hecho énfasis en promover una cultura preventiva para evitar el mal uso de los recursos públicos.
Conclusión
La auditoría de la Contraloría sobre el servicio de alimentación en los penales de Trujillo revela problemas estructurales: personal contratado sin las credenciales adecuadas, supervisión laxa y posibles sobrecostos. Si bien el perjuicio declarado es de más de S/ 250,000, el reporte podría abrir caminos para sanciones administrativas o incluso penales. Este hallazgo refuerza también la necesidad de fortalecer los controles internos del INPE.